La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este jueves sobre acciones y presencia de disidencias de las FARC en 237 municipios del país, por lo cual emitió 136 alertas tempranas de riesgo entre 2017 y 2022, que representan el 52,5 % del total.
Las disidencias están en 29 de los 32 departamentos de Colombia, aunque se concentran principalmente en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.
Según la información, es evidente la existencia de dos grupos disidentes: el Frente Primero, cuyo origen es previo a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 y estuvo encabezado en su momento por alias «Gentil Duarte», y la Segunda Marquetalia, que se configuró en agosto de 2019, casi tres años después de la firma, y está liderada por alias » Iván Márquez», que fue jefe negociador de las FARC.
Ambas organizaciones se encuentran en diferentes fases pues hay zonas en las que están en proceso de expansión, otras en las que están en consolidación y otras en las que están en disputa con otros grupos armados.
CONTROL REGIONAL
El departamento de Arauca ha sido utilizado por las disidencias como un territorio para obtener rentas financiándose con la extorsión y los «secuestros exprés», además de las actividades ilegales de contrabando de ganado y bienes, sumado al robo de combustible, en la zona de frontera colombo-venezolana, según la Defensoría.
En el Caquetá, las disidencias creadas por Gentil Duarte han aplicado los manuales de comportamiento de las antiguas FARC logrando la estandarización del cobro de extorsiones y restricción a la movilidad mientras que en la región del Catatumbo mantienen una disputa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Asimismo, han mostrado especial interés por el suroeste del país, donde las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez tienen una abierta articulación con economías ilícitas y han logrado imponer el control sobre la población civil, impartiendo justicia en veredas y poblaciones rurales.
Por último, el Frente Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera -adscritos a la Segunda Marquetalia- han intensificado sus acciones armadas y violentas contra la población civil en la región suramazónica, en especial en el departamento del Putumayo y en zonas estratégicas donde buscan hacerse con el control territorial, como en el municipio de Puerto Leguízamo.
Sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y los llamados préstamos gota a gota, mientras que las amenazas a defensores de derechos humanos y líderes sociales, representan las conductas más recurrentes, subrayó la Defensoría.
Según el Gobierno, dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, aceptaron el cese el fuego bilateral de seis anunciado el 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que tendrá un acompañamiento para su verificación tanto de organizaciones nacionales como internacionales.
