La Defensoría del Pueblo mantiene una asesoría legal en el proceso de Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, la mujer que aparece en un video cuando es esposada por la Policía en un almacén de Jon Sonen en Cartagena, Bolívar, al estar reclamando el pago de sus prestaciones sociales.
Desde febrero de este año se han realizado acciones en pro de que se le cumpla con sus derechos, pero a pesar de un fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, del 14 de mayo de este año, y de un trámite de incidente de desacato, la empresa no cumple con sus obligaciones.
En un documento interno de la Defensoría se informa que “a pesar de existir un fallo de tutela y un requerimiento por desacato, nunca se obtuvo una respuesta de parte de su exempleador, por lo que se procedió desde la Regional Bolívar a interponer Demanda Ordinaria Laboral, en la cual se busca, entre otras pretensiones, el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones de ley, la cual correspondió al juzgado 8 laboral del circuito de Cartagena”.
Además se indica que “la demandada Sonen Internacional SAS, tenía hasta el 15 de noviembre de 2022 para presentar contestación de demanda, pero al observar el link del expediente digitalizado del juzgado se evidencia que no presentó contestación.
En tal sentido, se le solicitó al juzgado fecha para llevar a cabo AOC y Trámite y Juzgamiento, fecha que está a la espera de ser fijada por el juzgado, ya que depende de los turnos que tengan en el mismo”.
A través de estos procesos legales y ante las nuevas circunstancias, la Defensoría del Pueblo sigue acompañando a la ciudadana venezolana en defensa de sus derechos y los de sus hijos menores de edad.
A propósito, la Regional Cartagena envió hoy un requerimiento a la Policía Metropolitana de ese departamento en el que se hace un llamado a la manera como se trató a la mujer y a sus dos hijos menores de edad, se “solicita se investiguen los hechos denunciados y se tomen las acciones que considere pertinentes para evitar procedimientos que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños”.
Se indica también de parte de la Defensoría del Pueblo que “todo procedimiento debe garantizar un trato digno, humanizado y diferenciado, con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, toda vez que estamos ante una mujer en condiciones de vulnerabilidad que en un acto desesperación sólo buscaba respuestas efectivas a una situación que afecta sus derechos laborales, y con ello su calidad de vida y la de su familia”.
La Defensoría, a través de la Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales, continuará brindando acompañamiento hasta que se logre el cumplimiento de los derechos de la mujer y sus hijos.
