En los primeros 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas solo 12 por ciento de las personas que tienen esa calidad ante la ley han sido reparadas debido al poco presupuesto para hacer esas indemnizaciones, lo que obliga a revisar los recursos que se asignan para tal fin.
Así lo señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al recomendar al Gobierno Nacional que se evalúe la necesidad de incrementar dentro del Presupuesto General de la Nación 2023 la asignación económica para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de priorizar la atención integral y reparación.
La indemnización a las víctimas del conflicto armado es uno de los presupuestos centrales para la construcción de paz, como se afirmó en el noveno informe radicado al Congreso de la República por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, conformada por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
“Sin embargo, no se está dando con la celeridad que se requiere”, advirtió Carlos Camargo previo al inicio del Plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas que inicia una jornada de tres días de trabajo en Coveñas, del cual saldrán un documento de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Según ese informe, quedan pendientes de indemnización 8.813.711 de víctimas y si se toma el presupuesto proyectado en el CONPES 4031 del 2021, serán indemnizadas aproximadamente 1.170.706, lo que indica que el presupuesto sigue siendo bajo. “De persistir con esa tendencia de pagos, se tardarían 80 años para garantizar el derecho a la indemnización a todas las víctimas”, afirmó el Defensor.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo dijo que apoyaba la petición de los congresistas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), para que se haga una adición sustancial al Presupuesto General de la Nación y se destine al pago de la indemnización a las más de doce millones de víctimas reconocidas en el país, en aras de garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
«Se debe priorizar atención y reparación de víctimas en el Presupuesto Nacional. Este es un tema que amerita toda la atención de los Congresistas y el Gobierno Nacional para que sigamos construyendo un país en paz”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
