Pasados más de 6 años de la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para Guainía, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre graves falencias y fallas estructurales que permiten concluir que este modelo no ha cumplido con el fin propuesto y, por el contrario, se han incrementado las quejas e inconformidad de los usuarios por la falta de garantía del derecho a la salud.
Así lo advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita a Inírida, donde pudo corroborar de viva voz la percepción de los usuarios, quienes advierten que la EPS Coosalud (la única aseguradora en el departamento), no les da seguridad ni confianza.
De igual manera, la IPS Hospital Manuel Elkin Patarroyo, entregada en comodato a la Clínica Bocagrande de la red CooSalud, tampoco cuenta con aprobación de los usuarios y argumentan ser víctimas de discriminación, falta de humanización y negación de servicios.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-760/2008, le ordenó al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para asegurar la cobertura universal sostenible del Sistema General de Seguridad Social en Salud, verificando la existencia todos los elementos que integran el concepto de cobertura, acceso efectivo y con calidad a los servicios de salud.
“Sin embargo, pasados 6 años desde la implementación del MIAS no existe en Guainía el esquema de asegurador único propuesto que permitiría una gobernanza única en gestión, aseguramiento y prestación, así como en participación social y acción intersectorial en el servicio de salud.
Por lo tanto, se requiere tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación crítica de las comunidades”, aseguró Carlos Camargo durante la Novena Jornada Nacional de Promoción y Protección de Derecho Fundamental a la salud desarrollada en el colegio Custodio García Rovira, de Inírida.
Durante el diálogo con los líderes de las comunidades, en el marco de la jornada Defensoría en tu comunidad, se evidenciaron todo tipo de vulneraciones: no hay oportunidad en servicios como medicina general, tampoco en procedimientos, ni en tratamientos a exámenes de laboratorio.
No se entregan los medicamentos, hay graves deficiencias en los servicios de urgencia y consulta externa, barreras de afiliación y problemas en el sistema de referencia y contra referencia que afectan directamente a la población indígena, que al abandonar su territorio se aparta de su entorno y sufren desarraigo cultural y familiar cuando logran ser remitidos a otras ciudades, con el agravante que pacientes y acompañantes no cuentan con servicio de transporte, alojamiento y alimentación para sus traslados.
En su visita a Inírida, el Defensor del Pueblo también evidenció que no se ha fortalecido ni actualizado la focalización de la población y no se presta atención con enfoque de Gestión Integral del Riesgo.
Allí les reiteró a las comunidades que los derechos no se piden, sino que se exigen, y por lo tanto adelantará mesas de trabajo con los responsables de la atención y con las autoridades correspondientes.
“No hay articulación de acciones individuales y colectivas entre la IPS, la EPS y la Secretaría de Salud Departamental; no existe contratación con un hospital universitario y las brigadas extramurales de atención, a pesar de que el modelo establece mínimo de tres al año, que bien son insuficientes tampoco se realizan”, resaltó el Defensor del Pueblo.
Grandes deficiencias
La Defensoría del Pueblo en sus visitas a territorio, a través de la Regional Guainía y la Delegada para la Salud, observó puestos y centros de salud en condiciones de infraestructura deplorables, sin insumos para la atención, sin equipos de comunicación (radioteléfono), sin agua potable, sin medios para transportarse y sin medicamentos, y que no se cumple con los criterios dispuestos en cuanto a talento humano en salud e interculturalidad.
De los cuatro centros de salud que debían estar en funcionamiento, solo están habilitados dos (Barrancominas y San Felipe); de los puestos de salud, que debían ser 23, solo está habilitado el de Paujil, los demás, aunque prestan servicios, no aparecen en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que solo existan dos equipos extramurales para la atención en salud, que no son suficientes para cubrir las cinco cuencas hidrográficas, a las que solo podrían ir una vez por año.
Igualmente que en los puestos y centros de salud no hay disponibilidad de las llamadas “voladoras” (lanchas) para el transporte de pacientes o contratación con empresas de pasajeros que permita el traslado de manera oportuna para la atención de los niveles 1 y 2 de complejidad, ni para los pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cardiacas y maternas, entre otras, que requieren de la vigilancia en salud, así como tampoco se cuenta con entrega de medicamentos de manera oportuna y no existen sistemas de información apropiados para el territorio.
Llamado a las autoridades
Ante las falencias evidenciadas, la Defensoría del Pueblo les solicita al Ministerio de Salud y Protección Social, al DNP y a la Superintendencia Nacional de Salud, desarrollar acciones urgentes para solucionar las barreras de acceso a la salud para la población del Guainía.
“Evidenciada la situación de la salud en los territorios alejados y con población dispersa, le hacemos un llamado a las autoridades de salud y a los particulares que prestan este servicio público, para que asuman su rol de agentes garantes de los derechos: el Ministerio de Salud debe generar una regulación de habilitación con enfoque diferencial.
No es posible que para un centro de salud alejado y rural se tengan las mismas condiciones que para uno ubicado en Cali o Medellín”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
