La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena fue víctima de un nuevo atentado con explosivos, a manos de desconocidos, quienes atacaron las instalaciones el lunes 24 de octubre, cerca de la media noche. Las organizaciones sociales de Centro Oriente también denuncian que sujetos armados quemaron un camión transportador al servicio de COOPCARNES en Saravena.
Los dos ataques fueron perpetuados por desconocidos, quienes lanzaron un artefacto explosivo contra la sede de ECAAAS.
En el segundo atentado, sujetos armados amenazaron a los ocupantes del camión cava, haciéndolos descender del vehículo, para posteriormente disparar e incinerar el automotor transportador de carne.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra recalcó que ya había advertido que las comunidades, las organizaciones sociales y sus proyectos, programas y procesos estaban en riesgo, tras ser amenazados desde comienzos de 2022, cuando fueron víctimas de dos ataques con explosivos.
La Joel Sierra denunció: “En efecto, las amenazas proferidas en nuestra contra, seguida de la estigmatización y señalamiento, se han venido cristalizando, con el explosivo lanzado contra la empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo de Saravena, el demencial ataque con carro bomba contra los líderes y lideresas que nos encontrábamos en el edificio Héctor Alirio Martínez, y el asesinato de varios de nuestros líderes”.
A estos hechos se suman las amenazas contra los directivos de la COOPCARNES, la instalación de una bandera alusiva a estructuras de paramilitares conocidas como “disidencias de las extintas Farc” en las instalaciones de la planta de sacrificio.
La Fundación Joel Sierra agregó: “Exhortamos a los órganos de control a ejecutar las acciones necesarias para prevenir cualquier afectación a los derechos humanos que pueda generarse de esta situación”. También advirtió sobre el riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas sociales, las y los defensores de derechos humanos, así como las demás organizaciones sociales y comunitarias del departamento de Arauca.
La organización defensora de derechos humanos exigió al Estado colombiano cumplir su obligación de proteger la vida e integridad de las lideresas y los líderes sociales, las organizaciones, programas y proyectos. De igual forma, alertó a la comunidad nacional e internacional para que continúen vigilantes sobre la crisis humanitaria que se vive en el departamento.
