Un informe presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que entre 2002 y 2020 más de 300 líderes sociales fueron víctimas de persecución judicial. La criminalización del liderazgo social rompió el tejido social, debilitó los procesos comunitarios y afectó a cientos de familias. En el documento, la comunidad víctima exige reparación y garantías de no repetición.
El informe “¿Administración de justicia o secuestro estatal?” fue presentado ante la JEP como producto de una investigación de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la cual contó con el acompañamiento del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA).
En el documento se denuncian ante el organismo de justicia las judicializaciones como una política de Estado en el departamento de Arauca, que persiguió y desarticuló el tejido social que se gestaba en medio de un conflicto armado.
Se presentan 17 casos de judicialización y persecución a líderes sociales ocurridos en Arauca, documentando en cada uno el número de detenidos, y se señala que aunque en la mayoría de los casos se presentó vencimiento de términos por falta de pruebas, o se demostró la inocencia, las víctimas no han sido reparadas.
“El caso 2002 es uno de los más significativos de los presentados en el informe, porque muestra la detención de más 2000 personas en el Coliseo Cubierto Jacinto Jerez Archila de Saravena”, expresa Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio de la UNAL. En este caso se revela que 43 de las personas detenidas fueron judicializadas, 36 acusadas de pertenecer al ELN y 7 de ser miembros de las FARC.
Esto fue reafirmado por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá, que aseguró que “la premisa de la que partió la fiscal delegada para otorgar credibilidad a los testigos carece de fundamento”. Ballesteros, quien en el momento del informe se desempeñaba como pasante de investigación, asegura que los demás casos también están llenos de irregularidades.
Según la Comisión de la Verdad, de las 265.000 personas que habitan en Arauca, 103.000 son víctimas del conflicto, y se cree que otras 45.000 están sin registrar. Gracias a su biodiversidad, este es un territorio que se disputan los diferentes grupos armados.
Ante esta situación, la Comisión agrega que la respuesta del Estado fue un despliegue militar que a la fecha registra más de 9.000 miembros del Ejército. Para las organizaciones civiles documentadas en el informe, la amplia presencia militar dificulta sus labores y los pone en una situación de riesgo.
En Colombia los líderes sociales deben enfrentar la estigmatización, los señalamientos e incluso los asesinatos sistemáticos, que en 2022 fueron más de 90, según Indepaz.
Los señalamientos a los que se exponen quienes ejercen actividades de liderazgo social, comunitario y ambiental pueden desencadenar en montajes judiciales que los llevan a ser privados de su libertad acusados de delitos como terrorismo, complicidad con grupos armados y rebelión.
Propuestas de reparación y garantías de no repetición
La segunda parte del informe fue la que contó con más acompañamiento de la UNAL, en cabeza de la docente Lucía Meneses. Con la participación de estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), el Observatorio realizó entrevistas semiestructuradas a los líderes sociales para encontrar patrones en común en torno a las judicializaciones y estructurar las propuestas que tenían las víctimas de este delito.
“Las personas aseguraron que ser líder social en el departamento es sinónimo de persecución”, dice el coordinador Ballesteros, y agrega que “con esto se rompían procesos comunitarios que los lideres no podían retomar”.
Dentro de las propuestas de reparación, la comunidad expresa la necesidad de contar con garantías para su ejercicio social, que los desplazados retornen al territorio, y que existan modelos integrales de salud y educación para la comunidad, además de la reparación de los daños familiares y personales que vivieron las víctimas de este delito.
También le piden a la JEP una recuperación de la memoria histórica, alternativas para la conservación del medioambiente, la restauración ecológica, la sostenibilidad y preservación de ecosistemas, y un programa que garantice el territorio para las comunidades indígenas y campesinas.
