Para llegar al centro poblado de Puerto Jordán desde Arauquita (Arauca) hay dos caminos: por el largo, sobre la vía departamental, hay que pasar al menos dos retenes que dan cuenta del pie de fuerza en uno de los departamentos con más militares por habitante (32 por cada mil).
La otra opción, por vías terciarias, es atravesar al menos cuatro caseríos pequeños en los que las casas están intercaladas: una marcada por el Eln, otra por las disidencias de los frentes 10 y 28 de las Farc, los dos actores armados ilegales que se disputan el control del territorio.
En un día con poco movimiento uno puede cruzarse con hombres en moto vestidos de civil y con armas en el cinto. En otros se puede chocar de frente con muestras de esa disputa que este año ha dejado más de 2.000 personas desplazadas y 300 homicidios en el departamento, según las cuentas del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional; aunque esas cifras no son exactas, debido al subregistro por parte de las instituciones. En esa incertidumbre viven los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena, los más afectados por la agudización de la guerra.
El fin de semana pasado en Puerto Jordán, en un punto conocido como Rancho Quemao, el Eln hizo un retén en el que detuvo carros para requisar a conductores y revisar sus documentos.
Una semana antes, en la vereda Santo Domingo de Tame, miembros del Frente 28 de las disidencias hicieron patrullaje mientras le decían a la gente que no estaban allí “ni para desplazar a nadie, ni para matar a nadie ni para sembrar el terror en Arauca”.
Ambos casos ocurrieron a menos de 20 minutos del Batallón de Operaciones terrestres No. 29, antigua Móvil 5, y a media hora de la Estación de Policía de Betoyes.
Guillermo Díaz, presidente del capítulo Arauca de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo resume así: “Las comunidades viven en medio de la tensión porque se ve como un contrapunteo: un día sale el uno y el otro día sale el otro. Uno no sabe qué pueda ocurrir, porque tampoco han cesado los asesinatos, los secuestros ni las amenazas y la perjudicada es la población civil”, explica.
Aunque la mayoría en la zona se niega a hablar sobre el tema, sí se evidencia una división frente a los avances en el diálogo –y una posible negociación– entre el nuevo Gobierno y la guerrilla del Eln: mientras unos lo reciben con esperanza, otros se muestran escépticos.
Eso sí, todos mantienen una preocupación: ¿qué va a pasar mientras tanto con la guerra entre actores ilegales en el territorio?
Para Juan Carlos Villate, personero de Tame y quien es conocido en la región por su fuerte presencia en zonas afectadas, debe haber un doble enfoque: “No pueden ignorar que la crisis humanitaria de este año en el departamento ya no es por la pelea con el Estado, sino que se debe a esa guerra Eln-disidencias.
Claro que se debe negociar, pero al mismo tiempo se debe revisar cómo aminorar esa confrontación en terreno”.
Villate lleva siete años en el cargo y dice que 2022 ha sido el año más crítico. Solo en su municipio, la cifra de víctimas ya llegó a los 10 mil. “Yo en un año tomaba 130 declaraciones de víctimas, pero este año llevamos 800.
Es decir, en ocho meses hemos registrado lo de seis años. Hay desplazamiento, confinamiento, reclutamiento, violencia sexual y afectación por minas.
La semana pasada nos asesinaron a un niño de 13 años y a otro de 16 por temas de lo que llaman limpieza social en el casco urbano”, alerta. Los grupos armados dejaron de enfocar sus acciones contra la fuerza pública y las focalizaron en la disputa por el control del territorio y su conexión fronteriza con Venezuela.
or eso, para un líder político de Tame, que solicitó no revelar su nombre, las negociaciones deben partir por demostrar una real voluntad de paz. “Antes de acordar cualquier cosa en Cuba debe haber un pacto entre esos grupos armados aquí. Si es cierto que quieren dialogar sobre paz con el Gobierno, ¿por qué no detienen la confrontación entre ellos a nivel regional?”, cuestionó.
Ese temor por la falta de compromiso también es generalizado. Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz, lo ha evidenciado: “Hay escepticismo por los antecedentes.
El Acuerdo de Paz con las Farc generó muchas expectativas en su momento, pero su implementación ha sido tan lenta que ha decepcionado a la comunidad.
Con el surgimiento de las disidencias se incrementó la violencia en el territorio”. Incluso un líder comunal de un caserío de Arauquita manifestó que a su comunidad también le preocupa la salida del Eln si no se inicia un diálogo simultáneo con la disidencia.
“Si el Eln ha detenido el avance de las disidencias, ¿quién va a impedir que el control del territorio quede en manos de ellos cuando el primero salga?”, preguntó.
