Desde febrero de 2021, la Corte Constitucional tiene pendiente definir si revisa una tutela relacionada con un delicado expediente penal sobre la supuesta financiación que habría hecho un funcionario de una multinacional italiana a un grupo guerrillero.
Se trata de la acción judicial presentada por el empresario argentino Roberto Jorge Rigoni, quien es señalado por la Fiscalía de, presuntamente, haber financiado al Eln, entre 2010 y 2013, mientras él dirigía la construcción del Oleoducto Bicentenario, entre los departamentos de Casanare y Arauca.
Desde mayo de 2019, se encuentra con detención domiciliaria en Argentina, mientras las autoridades de ese país determinan si lo extraditan a Colombia.
Su captura se realizó el 10 de ese mayo de hace dos años, luego de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra.
Su detención causó tal revuelo, que el presidente Iván Duque destacó su captura y dos detenciones de miembros del Eln, en un contexto en el que el país todavía adelantaba investigaciones sobre el atentado perpetrado en enero de 2018 por ese grupo criminal a la Escuela General Santander en Bogotá, donde 22 miembros de la Policía murieron.
Rigoni era parte de la multinacional Sicim, una reputada constructora de oleoductos fundada por el empresario Gian Pietro Riccardi, quien falleció hace un año en medio de la pandemia por el COVID-19.
FUENTE por elespectador.com
