El juez del caso señaló que Ricardo Alvarado Bestene, quien es acusado de vínculos con el ELN, podría estar simulando estar desorientado durante la audiencia.
Este miércoles, después de una audiencia marcada por las constantes quejas del abogado, Iván Alfaro, y la esposa del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, quienes alegaban que el sindicado no entendía lo que le estaban diciendo y en la que se durmió durante la diligencia, la Fiscalía le imputó cargos por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia se retrasó hasta que Medicina Legal, luego de varios estudios, determinó que Bestene sí estaba en condiciones de asistir y entender la audiencia a pesar de tener una leve discapacidad mental que le afecta algún grado de comprensión.
A pesar del dictamen de Medicina Legal, la imputación no fue nada fácil, pues en medio de la diligencia, la esposa de Bestene, que tuvo que estar presente por el estado de salud que su esposo alega tener, aseguró que este se encontraba dormido y desorientado. Cuando el juez le preguntó al exgobernador qué pasaba, este solo atinó a decir que “es que ustedes hablan de unas personas que yo ni sé que quienes son”.
Al finalizar la lectura de la imputación por parte de la Fiscalía y al ser cuestionado por el juez, el exgobernador volvió a decir que no entendía nada de lo que le estaban hablando. “Yo he sido honesto toda mi vida, no sé qué pasa, qué es esto lo que ocurre, no entiendo, hablan y hablan y yo no sé qué es eso”, dijo agarrándose la cabeza.
También hizo parecer que no entendía algunas preguntas hechas por el magistrado, pero otras si las respondió refiriéndose a otros temas y diciendo que estaba confundido. Incluso dijo que el ELN lo ha querido matar.
Ante esta situación el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le dijo al exgobernador que, si bien es cierto que este tiene unas capacidades reducidas, el dictamen de Medicina legal indica que sí comprende lo que está sucediendo por lo que “aquí puede haber un estado de simulación de no comprensión, pero que en realidad está comprendiendo la gran mayoría de los que se le está indicando”.
IMPUTACIÓN
Los delitos que le fueron imputados al exgobernador son concierto para delinquir; financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Esto porque según la imputación de la Fiscalía, Alvarado Bestene, durante su período como gobernador (2016 – 2019) habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo ilegal, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.
Es decir, con los llamados ‘chuchos’ de la organización (altos mandos) como Ramiro Torres alias ‘Lenin’, Adelmo Aguirre ‘Bateman’, Gustavo Quinchia ‘Pablito’, entre otros y, el más importante en la investigación, por ser presunto contratista estrella del departamento, Jhony Alexander Bello, alias ‘El Gordo Giovanny´.
En la audiencia, la Fiscalía advirtió que se adelantan más de 57 investigaciones contra Castillo y que tan sólo durante 2016 – 2019, entregó varios contratos al ‘Gordo Giovanny’ y a su esposa por diferentes objetos como: infraestructura educativa, ampliación para las celdas para la disposición de los residuos sólidos, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”.
Además, que durante ese periodo el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento en donde incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por Alvarado Bestene, en las elecciones regionales.
Tras este apoyó Bestene le entregó al ELN entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al ser electo gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
Estos hechos no fueron aceptados por el exgobernador, pues solo atinó a decir “no sé” y el magistrado determinó que esto es equivalente a no aceptar cargos.
