La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Barranquilla (Atlántico) a Eder Antonio Pérez Ardila, un enfermero de profesión que estaría vinculado a las maniobras ilícitas utilizadas para defraudar el sistema de salud en Córdoba.
El hoy procesado, se habría asociado con funcionarios de dos Instituciones Prestadores de Servicios (IPS) y funcionarios de la Secretaría de Salud de Córdoba para presuntamente apropiarse de recursos públicos.
Hay indicios de que Pérez Ardila, supuestamente, cobró varios cheques por un valor de 3.250 millones de pesos que serían producto del entramado de corrupción; abrió historias clínicas con información que no correspondía a la realidad y con suministro de tratamientos a personas que no tenían ninguna enfermedad, además, habría falsificado sticker que acreditaban la aplicación de una vacuna para pacientes con hemofilia, algo que no ocurrió.
Con estas actuaciones aparentemente ilícitas, se ejecutaron trámites ante la Secretaría de Salud Córdoba para obtener 30 resoluciones de autorización de pagos por 54.000 millones de pesos a favor de dos IPS. Los dineros corresponderían a la entrega de medicamentos para 308 supuestos usuarios que padecían hemofilia. Las irregularidades detectadas ocurrieron entre 2013 y 2016.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al enfermero los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, y peculado por apropiación en favor de terceros. El procesado recibió medida privativa de la libertad en centro carcelario.
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