martes, noviembre 26, 2024
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Organismo internacional preocupado por incidencia territorial de grupos ilegales en Colombia

En un nuevo informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) se expresó preocupación por el recrudecimiento del accionar de los grupos ilegales en el país para asegurar el control social y territorial.

Ante esto, se rechazó la ocurrencia casi a diario de homicidios en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca que son motivo de victimización sobre la población civil.

El informe hace observaciones y recomendaciones a Colombia reconociendo que la pandemia ha dificultado y agravado la situación estructural de violencia, inequidad y débil presencia estatal.

«Los grupos armados ilegales ejercieron acciones de control social y presión sobre la población civil y liderazgos sociales para cumplir con las medidas de aislamiento obligatorio en departamentos como Arauca, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca», indica el informe.

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La preocupación también está en que hoy los principales afectados están siendo los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, comunidades indígenas y afrodescendientes, población campesina y población extranjera. Asimismo, la Misión ha observado «el incremento de la instalación de minas antipersonal y trampas explosivas en corredores de movilidad y zonas de narcoactividad».

Entre tanto se señala que la situación sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio «exacerba desigualdades estructurales y profundiza la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por el conflicto ante la persistencia de situaciones de violencia, reduciendo así el acceso a las entidades estatales».

El llamado al Estado colombiano en este informe es a continuar implementando medidas para prevenir, atender y proteger a la población civil, pero al tiempo, se pide priorizar acciones para avanzar en el desmantelamiento de estructuras de crimen organizado y también dar garantías urgentemente para el tránsito a la legalidad de excombatientes en el marco del acuerdo de paz.

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