La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria de 62 meses de prisión contra de
por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y exacción o contribuciones arbitrarias.
Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2018 y enero de 2019 en el sector Arauquita y Arauca (Arauca), cuando personas que se identificaron como miembros del frente 10 de las disidencias de las FARC, exigieron la suma de 22 millones de pesos, al gerente de proyectos de la empresa CIVITEL, para permitirle culminar las obras que se adelantaban en los colegios Gabriel García Márquez y Gustavo Villa. Las construcciones consistían en aulas para la paz se realizaron a través de la constructora Colpatria.
Las investigaciones de la fiscalía evidenciaron la participación del hoy condenado, quien era infiltrado en la empresa siendo responsable de suministrar los datos de la víctima y coordinar el pago del dinero exigido.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado del Circuito de Arauca, quien no concedió subrogado penal y el hombre continuara privado de la libertad hasta cumplimento de la pena.
