En un informe la Contraloría General de la República identificó una creciente tendencia a evadir la obligatoriedad de la licitación pública cuando así se requiere, para realizar contrataciones directas bajo el amparo de figuras como los “convenios”.
Según el ente de control se han identificado irregularidades en los tipos de “convenios” utilizados para contratar de manera directa, que han sido facultados excepcionalmente en el artículo 355 de la Constitución, pero que se valen de la inobservancia de los requisitos legales.
“De $33.9 billones del total contratado a 15 de junio de 2019, se realizaron procesos con la modalidad de contratación directa por cerca de $4.2 billones, es decir cerca del 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías (SGR)”, señaló Aníbal Quiroz, Contralor Delegado Sectorial de Regalías.
Los sectores de educación (21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), lideran esta contratación directa.
“Los departamentos que más porcentajes de concentración tienen con esta figura son: Meta (16%), Córdoba (7.5%), Cesar (7%), Boyacá (6%), Antioquia (5, 86%), concentraron el 42.36% de los recursos contratados por esta vía”, añadió Aníbal Quiroz, Contralor Delegado Sectorial de Regalías.
En ese sentido, la Contraloría General de la República ha formulado un llamado de atención sobre los tipos de “contratación” con recursos de regalías que realizan las entidades públicas de manera directa, sin observar los principios rectores del ordenamiento legal en materia de contrato estatal.
En este caso, en los convenios celebrados entre entidades públicas y privadas, son recurrentes fallas como la ausencia en la planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.
Debido a estas irregularidades y con el fin de proteger los recursos públicos, el ente de control realizará una vigilancia permanente a las alcaldías y gobernaciones para garantizar el manejo adecuado de cerca de $15,7 billones aprobados en la reforma al Sistema General de Regalías.
