El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará una apelación contra su prisión preventiva en Cabo Verde, confirmó su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
El recurso se interpondrá «mañana o pasado mañana» ante el Tribunal de Apelaciones de la isla de San Vicente, afirmó Pinto sobre su cliente, para quien la Justicia caboverdiana decretó ayer prisión preventiva tras ser detenido el pasado viernes en este país insular de África occidental.
Saab fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
El empresario, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal con el objetivo de repostar combustible.
«Esto es relevante, porque es alguien con estatus diplomático, que estaba en una misión de servicio y cuyo avión se detuvo en Cabo Verde sólo para repostar. Esta es la pieza clave en todo el proceso. No fue suficiente invocar la alerta roja de Interpol por arresto. Hay otros intereses en juego que están siendo analizados por la defensa», alegó el abogado.
La detención de Saab
El abogado respondió así a la pregunta de si el hecho de que el actual Gobierno de Cabo Verde no tenga buenas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro ha influido en su decisión.
El empresario, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal con el objetivo de repostar combustible.
«Esto es relevante, porque es alguien con estatus diplomático, que estaba en una misión de servicio y cuyo avión se detuvo en Cabo Verde sólo para repostar. Esta es la pieza clave en todo el proceso. No fue suficiente invocar la alerta roja de Interpol por arresto. Hay otros intereses en juego que están siendo analizados por la defensa», alegó el abogado.
La detención de Saab
El abogado respondió así a la pregunta de si el hecho de que el actual Gobierno de Cabo Verde no tenga buenas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro ha influido en su decisión.
«No sé si fue eso lo que pesó. Pero ciertamente pesó sobre el hecho de dar prioridad en todo a Estados Unidos», subrayó el letrado, que tildó de «decisión sorprendente» la autorización otorgada por el Gobierno caboverdiano a la Procuraduría General de la República para proceder a la detención de Saab.
Con todo, Pinto manifestó su confianza en la Justicia del país africano. «Creo -insistió- en el sistema judicial de Cabo Verde. Ha habido otros procesos de ciudadanos extranjeros detenidos bajo mandatos de detención internacional con solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos que los tribunales no han autorizado».
El siguiente paso, apuntó, es «esperar con tranquilidad» la petición de extradición de Washington y «revisar la documentación en la que Estados Unidos se basa en la extradición, ver qué delitos se le atribuyen al señor Álex Saab, y luego contestar».
Pinto cree que todavía hay «un largo camino por recorrer teniendo en cuenta la posibles recursos legales», primero ante el Tribunal de Apelaciones, luego ante el Tribunal Supremo de Justicia y, finalmente, ante el Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, el abogado vaticinó un período de «no menos de cinco o seis meses» para el resultado del proceso, y agregó que está «permanentemente en contacto» con una comisión de abogados que ayudan al colombiano en Estados Unidos, Rusia y Turquía.
Según la legislación de Cabo Verde, Estados Unidos tienen 18 días (a partir de este pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición, señaló hoy a Efe el procurador general de la República, José Landim.
«Cabo Verde -añadió Landim- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace».
El fiscal remarcó que, respecto a una eventual extradición, «nada está garantizado», pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de Cabo Verde, que ya han actuado así en el pasado en respuesta a solicitudes de otros países, especialmente europeos.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Supuestos blanqueos millonarios a través de Venezuela
Saab, nacido en la ciudad de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con «cientos de millones de dólares».
Las autoridades de EEUU también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
El anuncio de su detención se produjo después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares».
Según La Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
