El informe fue presentado por Asofavida, la Asociación de Familias de Personas Desaparecidas, por la Defensa de la Vida, los Derechos Humanos, la Paz, la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare. Este incluye una base de datos con los nombres de 73 personas desaparecidas desde 1984 hasta 2018, y los presuntos responsables de su desaparición.
Entre estos, aparecen 18 víctimas de las Farc, 12 del Eln, 11 de paramilitares, 4 del Ejército, 3 de guerrillas sin identificar, 4 de autores desconocidos, uno de Policía y 20 más sin información.
En su informe, Asofavida dice que se evidencian “prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por la sistematicidad y ocurrencia de este delito”. En el informe también se agregan fotografías, no solamente de las víctimas, sino también de fosas y tumbas de personas sin identificar donde presumen que estarían algunas de estas personas.
“El delito de desaparición forzada es de carácter recurrente y sistemático en la región, de tal magnitud que posterior a la firma del Acuerdo de Paz y a la fecha de hoy siguen desapareciendo personas, con las mismas circunstancias” que en el conflicto armado cuando las Farc seguían activas. Dicen que desde el 2018 han ocurrido al menos seis desapariciones con y que hay sospechas de subregistro.
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Hoy en la región hay 16 empresas petroleras, dice el informe, que hace un recuento del conflicto armado en el cual considera que el cambio de vocación agrícola de esos municipios del norte de Arauca, donde queda el yacimiento de Caño Limón, contribuyó a precarizar las condiciones de vida de los campesinos.
Hasta allí llegaron, en los años 60, huyendo de “la violencia oficial”. “El abandono oficial ocasionó la aparición de las guerrillas del Eln en los años de 1970, las Farc, en el año de 1979 y posteriormente el arribo de los paramilitares, en la década de los años noventa”, recuenta.
El documento se concentra en dos dimensiones a lo largo de esos años. La primera, “la arbitrariedad oficial en el cambio del uso del suelo”, pues pasó de ser una región agropecuaria “con suficiencia en la producción de alimentos” y excedentes para enviar a otras zonas del país a una región con vocación de extracción de petróleo.
“Con la explotación de los campos petroleros, empezaron todos los males en la región por el daño a los ecosistemas y la esterilización de la tierra, la destrucción de la capa vegetal, la disminución de las fuentes hídricas, el encarecimiento del costo dela vida y la destrucción del tejido social”, aseguran.
Y la segunda, “la precariedad en la que quedaron las familias de las personas desaparecidas”, con características como silencio, soledad, angustia y temor de ser identificados como víctimas. Se les considera, además, la población más vulnerable de la región, ya que han sufrido desarraigo social y cultural, abandono de prácticas agrícolas en medio de la economía dependiente de la renta petrolera y, por supuesto, hechos victimizantes del conflicto.
Por eso, el informe habla de la desaparición forzada como una forma de violencia “despiadada, cruel, inhumana, ofensiva y degradante”, además de naturalizada en el conflicto armado.
En el documento, que recibieron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y el comisionado Saúl Franco, se recuentan varios casos de fosas comunes y exhumaciones, y se cuenta que “recientemente, en una reunión con excombatientes de las Farc y miembros de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se obtuvo información de otros lugares en los que presuntamente pueden haber fosas comunes” en Málaga (Santander), Aquitania, Sogamoso (Boyacá), Arauquita , Fortul y Saravena (Arauca).
En la entrega oficial, el comisionado Franco les dijo a las víctimas que son “un ejemplo para todo el mundo, ustedes persisten en este esfuerzo de encontrar a sus desaparecidos. Esto es un compromiso para nosotros seguir buscando la verdad”.
fuente por eltiempo.com
