La acción investigativa y operativa de la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía Nacional y unidades del Gaula Militar puso en evidencia a una red criminal que, desde Bogotá, supuestamente coordinaba la compra de granadas, fusiles, munición y uniformes para las estructuras armadas el ELN en Nariño, Arauca y Valle del Cauca.
Siete de los presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y presentados en audiencias concentradas en el Complejo Judicial de Paloquemao.
Durante las diligencias la Fiscalía imputó a los detenidos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, y tráfico, porte o fabricación de armas o municiones. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Por disposición del juez de control de garantías los presuntos integrantes de esta red de apoyo del ELN recibieron medida privativa de la libertad en centro carcelario por su supuesta participación en el tráfico de armas y municiones.
Los investigados fueron identificados como:
Duver Mariano Cortés Hurtado.
José Milcíades González Quintana.
Nelsi Liliana Vergara
Luis Alejandro Páez Castellanos.
Feisar Santamaría Abrego.
Sandro Rodríguez Ante
Arcesio Mosquera Núñez.
Algunas de estas personas tendrían antecedentes judiciales por tráfico de armas, porte de estupefacientes y concusión.
Detalles de un negocio ilícito
Los elementos probatorios recopilados dieron cuenta de varias transacciones y maniobras ilícitas realizadas por las personas que harían parte de la red de tráfico de armas. Asimismo, permitieron hacer incautaciones como el hallazgo de 20 cajas con algo más de mil cartuchos de munición 9 mm que iban camuflados en una lancha que pretendía salir de Buenaventura (Valle del Cauca) hacia El Charco (Nariño).
Posteriormente, en otras acciones operativas cumplidas a finales de 2018 e inicios de 2019 fueron encontrados fusiles AK – 47, munición calibre 5.56, subametralladoras y granadas con destino a las estructuras del Frente de Guerra Sur Oriental del ELN en Arauca.
Los indicios revelaron que el dinero para la compra de las armas y demás material era transferido a través de empresas de giros. Las indagaciones continúan para identificar a algunos integrantes de la fuerza pública que presuntamente facilitaban la expedición de salvoconductos y permisos para mover las armas en diferentes zonas del país.
