La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía investigar y sancionar a los responsables en 68 IPS que se negaron a atender el traslado ordenado por Saludvida EPS, de un niño de cuatro meses en Barranquilla y una bebé de 20 días de nacida en Arauca; quienes fallecieron por presuntas barreras en el acceso al derecho a la salud.
El Ministerio Público anexó el listado requerido a la Superintendencia Nacional de Salud de las clínicas y hospitales que se negaron a recibir en sus unidades de cuidados intensivos a los dos bebés, para que se determine si se presentó la comisión de algún delito por parte de funcionarios y directivos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, teniendo en cuenta la condición crítica de los pacientes.
Así mismo, se pidió a la Supersalud adelantar las investigaciones administrativas frente a las IPS y determinar las acciones adelantadas por Saludvida EPS para garantizar la atención de los bebés y evitar barreras de acceso en la presentación de servicios médicos.
En carta enviada al superintendente, Fabio Aristizabal Ángel, el ente control alertó sobre el incumplimiento normativo en el que podrían haber incurrido las clínicas y hospitales denunciados, así como la EPS.
En su denuncia la Procuraduría señaló que para el caso Arauca, 32 IPS con servicios de IV nivel de atención conocieron la historia clínica y no aceptaron el ingreso de la bebé de 20 días de nacida, mientras que en Barranquilla, la solicitud de traslado fue presentada a 36 IPS, con servicio de UCI, que también negaron la prestación del servicio alegando no tener disponibilidad de camas.
Recordó el Ministerio Público que los niños hacen parte de una población objeto de protección especial, y más cuando está en riesgo el derecho a la vida, lo que obliga a las EPS a poner en marcha todas las acciones que sean necesarias para garantizar el servicio de salud, a través de su red de prestadores de servicio, o a través de instituciones públicas o privadas.
