Un grupo de organizaciones de derechos humanos entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en Arauca entre 2002 y 2008. El documento recopila 79 hechos que dejaron 116 víctimas mortales con el fin de que desde el tribunal de paz se contribuya al esclarecimiento de estos asesinatos.
Los hechos expuestos se cometieron, conforme señala el documento, en los municipios de Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Arauca. Una de las conclusiones que arroja el informe en que en la mayoría de los casos hubo alteración y manipulación de la escena del crimen ya que se determinó que las inspecciones forenses a los cadáveres se hicieron en lugares diferentes de donde se perpetraron los crímenes.
Humanidad Vigente, Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas CCJ y la Corporación Jurídica Yira Castro, organizaciones autoras del documento, manifiestan en el escrito que “la mayoría de las víctimas eran campesinos, tres de ellos líderes sociales y dos comunales de la región, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate”.
“Los militares reportaron que las víctimas enfrentaron al Ejercito usando armas cortas, lo que pone en cuestión la veracidad de los relatos ya que no resulta lógica la asimetría en el empleo de las armas, pues esta situación demuestra su evidente desventaja”, dice un aparte del informe.
La radicación se hizo ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, y hace mención a los casos en los que tendría aparentemente tendrían responsabilidad los militares de la Segunda División del Ejército Nacional, específicamente de las Brigadas 18 y Móvil No. 5.
Para los denunciantes, “es incuestionable que cuando se perpetraron las ejecuciones extrajudiciales, los altos mandos militares tenían el deber constitucional y legal de utilizar todos los recursos puestos a su disposición por el Estado, para ejercer una supervisión efectiva sobre sus subordinados y evitar que la actuación de estos dañara a la población civil. Esa obligación se refuerza bajo el entendido que existían denuncias públicas de la ciudadanía araucana sobre ejecuciones extrajudiciales”.
