Según el informe que presentaron León Valencia y Ariel Ávila, director y subdirector de la fundación, varios grupos están financiando e infiltrando las campañas electorales en las regiones.
El ‘Clan del Golfo’, principal grupo heredero del paramilitarismo, está en la costa pacífica y el bajo Cauca; y el Eln y disidencias de las Farc, en La Guajira, según el informe de Pares, que también reveló la influencia de los carteles mexicanos.
De los 98, 53 son señalados por corrupción, 29 por tener herencia de la parapolítica, 9 por estar relacionados directamente con paramilitares y 7 por sus nexos con otros grupos al margen de la ley.
Entre los candidatos que el informe resalta, están:
– Gabriel Calle Demoya: aspira a ser reelegido como alcalde de Montelíbano (Córdoba) por el partido Liberal y la Fiscalía le adelanta una investigación porque desde el año 2012 se han contratado más de 40.000 millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública e interventoría de los mismos contratos en el municipio.
– Entre los candidatos que tienen un círculo cercano relacionado con paramilitares están Cesar Alzate, candidato a la Alcaldía de La Dorada (Caldas), y Luis Miguel Cotes, candidato a la Gobernación del Magdalena.
– Y los que tienen relación con fuerzas ilegales se habla de Hernando Posso, que quiere ser gobernador de Arauca y estuvo detenido por presuntos vínculos con las Farc.
El informe también destaca que la democracia también se ve afectada por la limitación de la competencia política que se da en algunos departamentos por la consolidación y control absoluto que ejercen determinados clanes políticos en algunos territorios que llevan a que antes de empezar la campaña ya están cantadas las victorias.
Pares resalta que esto ocurre en por lo menos 11 departamentos y tres claros ejemplos son en Barranquilla y Atlántico por la influencia de la familia Char, Valle del Cauca por le preponderancia de Dilian Francisco Toro y Cesar por el dominio de los Gnneco.
La presencia de estos 98 candidatos cuestionados a las elecciones, cuya lista completa puede consultar aquí, es producto de la “impunidad judicial, política y social”, pues a pesar de que algunos han estado en procesos con la Justicia no han sido imputados, indicaron los investigadores.
Los departamentos con mayor número de políticos cuestionados son Antioquia (10), Córdoba (9), Chocó (8), Meta (7), Arauca, Bolívar y Cesar (6), La Guajira, Santander y Valle del Cauca (5), y Casanare, Cauca, Risaralda, Sucre y Tolima (3).
