sábado, noviembre 23, 2024
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Falta poco para decisión en primera instancia sobre investidura del congresista Eneiro Rincón

El representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Eneiro Rincón Vergara, espera que el Consejo de Estado no lo despoje de su investidura, cuya solicitud hizo la Procuraduría delegada.

Las acciones contra el congresista son impulsadas por un compañero del partido Liberal que participó como segundo en la lista de candidatos en las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2018. Se trata de Joaquín Marchena.

Rincón Vergara afirmó que todo forma parte de una persecución política. «La Procuraduría da un concepto. El fallo debe salir la próxima semana», comentó el corporado.

Señaló también por diversas acusaciones a los abogados Dumar Zúñiga y Daniel Linares, este último excandidato a la Cámara por el Centro Democrático. «Marchena se asoció con ellos e hicieron un montaje», afirmó.

La polémica en la que están basados los demandantes es por una consignación que le hizo el ingeniero José Luis Ruiz a su cuenta bancaria. El dinero sería un traspaso de 30 millones de pesos, el cual -según el congresista- se dió porque el propietario de una ladrillera ordenó a hacerlo.

Afirmó que el recibo se ha publicado tres o cinco veces y lo han modificado. «Es una persecución política de los que perdieron la Cámara», dijo.

El parlamentario recordó que en principio intentaron señalar que hubo fraude y se contó voto por voto de los 7 municipios de Arauca, lo que implicó un costo de 400 millones de pesos al Consejo de Estado. Luego intentaron sacarlo de su curul al decir que como renunció a la Asamblea estaba inhabilitado. «Ya perdí la cuenta de cuántas tutelas han colocado», aseveró Rincón Vergara.

Indicó que hay «testigos absolutamente comprados» y enfatizó que no ha cometido ningún hecho ilícito. «El abogado Dumar Zúñiga se montó una película y asesoró al ingeniero José Ruiz (…) De alguna manera lo tienen chantajeado para que diga que yo fuí intermediario», explicó el representante.

Rincón Vergara afirmó que a testigos falsos se le está pagando para que declaren hechos que le afecten y favorezcan a quienes interpusieron la tutela.

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