A diferencia de lo ocurrido en Norte de Santander, donde a las autoridades del departamento se les hizo tarde para cumplir con el decreto de internación de vehículos venezolanos, en Arauca el diálogo, la explicación clara del decreto, y el acuerdo entre alcaldías y Gobernación facilitó el trámite con el fin de no afectar a los propietarios.
Según Manuel Calderón Sánchez, secretario de Hacienda de Arauca, entre febrero y marzo de este año se inició en la zona un proceso de pedagogía con los ciudadanos del decreto 2229.
“A la gente se le explicó que si tenía más de un vehículo venezolano, debía decidirse y solo quedarse con uno”, dijo, a la vez que indicó que los araucanos ya reconocen que sus vehículos perderán valor y en algún momento serán chatarrizados.
Si bien el parque automotor en el vecino departamento es más reducido, pues no supera los 5 mil autos, el mecanismo de recaudo tampoco fue objeto de discusiones ni jurídicas ni institucionales.
Al respecto, Calderón manifestó que se llegó a un acuerdo con el Instituto de tránsito y “en cumplimiento del decreto, se autorizó a las alcaldías del territorio especial (Arauca y Arauquita) para que ellos internen y efectúen el recaudo directo”.
Lo anterior, no solo para cumplirle al Gobierno Nacional sino para hacer efectiva la ley antitrámites.
“En principio, nos reunimos con la Dian, la Polfa, y todos los órganos de control para tomar una decisión de interpretación del decreto, puesto que no era claro”, explicó.
De ahí, surgió la resolución que delegó el recaudo en las tesorerías municipales para simplificar el proceso, claramente establecido en el decreto.
Al respecto, dijo que es la secretaría de Gobierno municipal la encargada de revisar el cumplimiento de los documentos, y se encarga de expedir o no el recibo de pago (dependiendo del cumplimiento), y viabilizar el pago.
En este sentido, señaló que por ejemplo, si el vehículo “es del año 2013, en la historia no tenía ninguna internación y va a solicitar la de 2017, debe pagar como mínimo los últimos 5 años, porque se asume que estaba en el territorio, solo que no había cumplido con el procedimiento pertinente”.
Aunque explicó que el decreto no es retroactivo, afirmó que la alcaldía es autónoma en la reglamentación del impuesto, “y como allá son solo dos alcaldías (Arauquita y Arauca), solo se ponen de acuerdo”.
“Además del decreto, un concepto del ministerio de Hacienda explicaba que el cien por ciento de los recursos eran para los municipios de la zona especial, y por eso no valía la pena recaudarlo en el departamento, hacer todo un proceso de desgaste y volver a enviarlo todo”, agregó.
Sobre la circulación, Calderón mencionó que aunque la ley indica que el registro es de residentes en los territorios especiales, no se afirma que no pueden circular por la región, razón por la que se cumple con el registro de los propietarios residentes en los dos territorios especiales, pero hay libre circulación por los siete pueblos restantes.
A la fecha, la aplicación de la norma deja cerca de 1.800 vehículos internados en el municipio de Arauca.
Nos dan ejemplo…
Raúl Garcés, funcionario de la secretaría municipal de Gobierno de Arauca, declaró que en la zona la internación de vehículos se realiza desde 2012, lo cual facilita que a la fecha, el 90 por ciento de los vehículos que circulan por el territorio ya estén internados.
Aunque el decreto señala que uno de los requisitos para efectuar la internación es el certificado expedido por la autoridad competente de Venezuela, en la que conste la legalidad del bien a internar (revisado del Setra), se explicó que la dificultad de acceso al documento para quienes internan por primera vez, los llevó a hacer obligatorio el certificado de la Sijin.
Además, esta entidad verifica la legalidad del certificado técnico-mecánico, dado que algunos han intentado hacer pasar este certificado emitido desde Cúcuta.
