Cómo Venezuela se convirtió en el refugio del narcotráfico y el contrabando colombiano

«La frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica«. Eso sostiene el estudio ‘Venezuela, ¿un Estado mafioso?’, resultado de una investigación de campo de más de tres años de la Fundación InSight Crime, que revela que el vecino país se convirtió en guarida de los criminales colombianos dedicados al narcotráfico. Ello, con la venia y participación del gobierno de Nicolás Maduro.

La protección del gobierno venezolano a organizaciones insurgentes ilegales de Colombia no es nueva. Durante el conflicto armado, los altos mandos guerrilleros de las FARC y del ELN encontraron refugio en las fronteras del territorio vecino, con el apoyo del ex presidente Hugo Chávez. En su momento, la situación fue denunciada por el entonces embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

«Él (Chávez) veía a estos grupos ideológicos como aliados, aunque su actitud hacia ellos era compleja, y variaba según sus intereses. Chávez les permitió a ambos grupos (FARC y ELN) utilizar territorio venezolano, pero también se puso en su contra cuando le convenía», explica el estudio. Pero con la desmovilización de las FARC por la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ese panorama criminal en la frontera tuvo una importante transformación.

La guerrilla fue una de las primeras en desarrollar el tráfico de cocaína por Venezuela, hacia mercados en Estados Unidos y Europa, a la vez que la gasolina de contrabando venezolana fluía en dirección contraria. Ahora, los espacios que dejó libres las FARC empezaron a ser ocupados por otras organizaciones armadas que buscan el control de la producción, procesamiento y exportación del clorhidrato.

Hoy las principales ciudades fronterizas de Venezuela son el refugio de comandantes guerrilleros del ElN, del EPL y de disidentes de las FARC, además de otras bandas criminales derivadas del paramilitarismo como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

Guarida de criminales

El Ejército de Liberación Nacional -ELN-, que durante más de 30 años se ha establecido en los estados venezolanos de Apure y Zulia, se expandió a Táchira y Amazonas, donde llevan a cabo operaciones de contrabando. Incluso, varios testimonios recogidos porInSight Crime dan cuenta de la propaganda ideológica que esta guerrilla reparte en las escuelas de ese país y junto a paquetes de alimentos del Gobierno de Maduro.

Las últimas facciones del antiguo Ejército Popular de Liberación -EPL- (desmovilizado en 1991), llamadas ahora ‘Los Pelusos’ para no reconocer sus orígenes guerrilleros -dice el estudio-, se disputan las zonas colombianas de Norte de Santander con el ELN, a quien les declaró la guerra en el Catatumbo, por lo que también hacen presencia en el Estado venezolano de Zulia y Táchira.

Los disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz, por su parte, convirtieron la frontera con Venezuela en su retaguardia estratégica y fuente de financiación. Están ubicados, sobre todo, en los Llanos Orientales y en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, donde cobran impuestos a las actividades de minería ilegal de oro y coltán del Amazonas.

Estas acciones delictivas de las disidencias de las FARC realizadas desde territorio venezolano fueron denunciadas por Liborio Guarulla, ex gobernador del estado sureño de Amazonas, razón por la que la administración de Maduro decidió inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 15 años.

En esta nueva dinámica del crimen organizado de Colombia y Venezuela, entraron unos nuevos actores a las zonas de frontera: las bandas criminales -Bacrim- formadas por los paramilitares que no se acogieron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el proceso de Justicia y Paz realizado desde 2003 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

Dos de esos grupos son los que mayoritariamente están refugiados en Venezuela, Los Rastrojos y Los Urabeños, quienes hasta han protagonizado enfrentamientos entre ellos por el control de los corredores de contrabando. Pero no son los únicos.

La banda narcotraficante más grande de Suramérica, el Clan del Golfo, ha venido siendo desarticulada por acciones de la Fuerza Pública colombiana. Muchos de sus cabecillas han caído en territorio venezolano. A mediados de marzo, por ejemplo, el gobernador de Táchira, informó que fueron abatidos una decena de sus miembros en la frontera con Colombia.

Aunque estas guaridas de criminales colombianos en Venezuela han sido denunciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, no ha existido una mínima intención de colaboración bilateral de la dictadura de Maduro, por lo que la operación del crimen organizado es libre entre las fronteras, resalta el estudio.

La razón -argumenta InSight Crime– es que ahora el gobierno venezolano no solo permite el libre tráfico de estas organizaciones armadas en su territorio, mirando hacia otro lado como hacía con las FARC, sino que participa en muchas de sus economías ilegales.

Narcotráfico, contrabando y el Cartel de los Soles

Para explicar el funcionamiento del narcotráfico y contrabando colombiano con venia de Venezuela, el estudio pone como ejemplo la región del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, donde «se produce la cocaína más barata del mundo».

A esa región llega la gasolina de contrabando de Venezuela a muy bajo costo, usada en el procesamiento del clorhidrato, y también la mano de obra barata de los venezolanos que han huido de su país por la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa. Así producen siete kilos de coca al año por hectárea, según pudo determinar la fundación.

La droga sale por los estados venezolanos de Táchira y Zulia con destino a Centroamérica, con complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ahora es socia de la Oficina de Envigado, el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia de las FARC; están encargadas de sacar la mercancía y lavar el dinero, antes solo recibían sobornos a cambio de su silencio.

Así se conformó el llamado Cartel de los Soles, del que ahora son parte los más altos mandos del Gobierno venezolano. «Comenzamos con una lista de 20 funcionarios públicos implicados, ya vamos en más de 120. Todos en posiciones altas en más de 14 instituciones del Estado, incluido el Palacio de Miraflores», dijo en un Facebook Live el codirector de InSight Crime, Jerry McDermott.

El nombre Cartel de los Soles hace alusión a las estrellas doradas que los generales de la GNB llevan como identificación en sus charreteras. Recuerda la fundación que la primera vez que se usó ese término fue en 1993 cuando dos generales de la guardia fueron investigados por narcotráfico.

«El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos; quizás calculando que, si el régimen cae, ellos serán los que más tengan que perder y, por consiguiente, harán lo máximo posible para preservar al régimen y a su cabeza», describe el estudio.

Pero no es solo el narcotráfico y el contrabando de gasolina las actividades ilegales en las que participa el Cartel de los Soles. La investigación halló que hasta la comida subsidiada por el gobierno venezolano para las poblaciones más pobres es usada para lavar dinero.

«Desde Apure hacia Arauca y desde Zulia a La Guajira y Cesar, los víveres son transportados por rutas clandestinas, entre ellos la carne de res, que es comerciada por un precio inferior al oficial en Colombia, y aun así representa importantes ganancias en Venezuela», dice el informe.

Hace unas semanas el presidente colombiano Juan Manuel Santos denunció las actividades de una red que ha lavado millones de dólares a través del envío de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), con las que el gobierno venezolano subsidia alimentos a los pobres. Ello, luego de la incautación de 400 toneladas de alimentos descompuestos en el puerto de Cartagena que serían enviadas a Venezuela.

En la red participarían al menos nueve países -incluida Colombia-, donde altos funcionarios del régimen de Maduro están vendiendo los alimentos en mal estado por un 112% más de su valor real. Las indagaciones de la Fiscalía colombiana mencionan a Diosdado Cabello, segundo de poder del régimen; Tibisay Lucena, jefa del Comité Electoral; y Tarek Saab, fiscal de facto.

Así las cosas, el estudio concluye que con la reelección -no reconocida internacionalmente- de Nicolás Maduro habrá un aumento en el flujo de cocaína hacia Venezuela, se fortalecerán los grupos armados ilegales colombianos y, con ellos, las economías criminales a lo largo de la frontera colombo-venezolana.