El avión ambulancia, un capricho en el que se obstinó el ex gobernador José Facundo Castillo, se convirtió en novela y terminó siendo tema en las tertulias araucanas a todo nivel. Hoy por hoy sigue inspirando conjeturas en el imaginario popular.
Su costo alimentó la especulación general pero realmente el valor de la aeronave fabricada por la Hawker Beechcraft Corporation del tipo King Air C90GTx Modelo FAA-C90 GTI fue de 8 mil 290 millones 899 mil 714 pesos ($8.290’899.714.oo) sumados los 7 mil 300 millones del contrato primario No. 04-601-2014 firmado el 29 de octubre de 2014 más un adicional de 990 millones 899 mil 714 pesos; teniendo como fuente de financiación el FAET.
Al avión que se identifica con la matrícula HK 5118-X de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca hubo que instarle un kit aéreo especial para adaptarlo como ambulancia que costó U$166.200, $500 millones al cambio de la época.
Las inconsistencias comienzan con el estudio previo que proyectó Edwin López Pedraza, un enfermero jefe sin ninguna experiencia en aviones, aeronavegación o sistemas de aviónica; desinformado de las estadísticas y, como lo demostró en sus fugaz paso por la dirección del Hospital San Vicente, ineficiente en la aplicación del conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas para garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios de salud a los pacientes.
La UAESA esgrimió como leitmotiv para su adquisición la necesidad de fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia, así como el fortalecimiento tecnológico (sic) para el departamento; adjudicando por contratación directa a la firma AVIASERVICE INTERNATIONAL N.V. de Curazao la compra, mediante la Resolución 1463 del 24 de octubre, procediendo el entonces director Edgar Contreras Velásquez a suscribir el contrato 04-601-2014 con Gustavo Nivia Orjuela, proveedor para Colombia de los productos Beechcraft.
La falta de sentido común no permitió analizar los costos exógenos que se deberían asumir, además del que ya es considerado un adefesio administrativo por la elevada inversión en una herramienta para la salud que no garantizaba su sostenibilidad ni mejoraba el sistema. Al valor del avión se le adhieren los Pagos de IVA, 16 %, e Impuesto al consumo, que para el caso de los aviones también es del 16 %. Esto quiere decir que solamente en impuestos se pagaron algo más de $2 mil 650 millones; gran exabrupto, si se tiene en cuenta que con esa suma se pondría al día la nómina del Hospital y se adquirirían medicamentos e insumos, eso sí, con lo que se optimizarían los servicios, para lo que no ha servido la aeroambulancia.
Craso error que muestra los yerros administrativos de Castillo Cisneros, de Contreras Velásquez y del grupo asesor de la gobernación y la UAESA, que no advirtieron los costos que acarrearía esa extravagancia; aún sin sumarle los administrativos y de operación de la nave promediados en $93 y $96 millones mensuales, respectivamente.
La impericia de quienes formularon el proyecto no tuvieron en cuenta los riesgos a futuro, entre otros, los onerosos recursos que demandaría sostener el servicio. Peor aun cuando las EPS son renuentes a utilizarlo o se están retirando del departamento.
La interventoría que, en cumplimiento de la séptima cláusula del contrato, se encargó de la verificación física de todas las condiciones técnicas y operacionales de la aeronave, así como la capacitación de la tripulación se adjudicó a INAR GROUP LTDA firma que se concentró en la compraventa, es decir al negocio en sí, omitiendo informar a la comunidad araucana para la que ejerce auditoria. Por eso crecieron las versiones, sin aclarar, sobre el daño en uno de los motores que debían ser nuevos y con garantía de dos años o mil horas de vuelo. Otras dudas surgidas aún se mantienen irresolutas.
NOTICIAS 100.3 conoció un estudio de la UAE de Salud donde estipula en 480 horas el promedio de vuelo anual del avión, que liquidado a un costo/hora de 2 millones 412 mil 763 pesos ($2’412.763.oo) eleva los costos de operación a 1.158 millones 126 mil 240 pesos ($1.158’126.240.oo) por año. Entre tanto, el costo administrativo que comprende todo el personal requerido para el servicio, se promedió en 93 millones 890 mil 528 pesos mensuales (93’890.528.oo) fijando el ámbito administrativo en 1.126 millones 686 mil 336 pesos ($1.126’686.336.oo) anual.
Sumados pues los dos ítems encontramos que para prestar el servicio se demandan anualmente 2.284 millones 812 mil 576 pesos ($2.284’812.576.oo).
Al percatarse de la incapacidad técnica y económica de la UAESA para operar y administrar un servicio de transporte aéreo medicalizado, se decidió entregar a un privado la administración, operación, explotación y mantenimiento del avión ambulancia. La concesión se otorgó a la empresa Colcharter, que promediando el mes de febrero de 2016 ve inviable el negocio por falta de demanda y propuso llevarse la aeroambulancia para operar en otras regiones, a lo que se opuso el gobernador Ricardo Alvarado. El dilema ahora es si a Colcharter se le exige cumplimiento o se rescinde el contrato de concesión.
¿Para qué pudieron servir cerca de 11 mil 500 millones y otros pesos más que se utilizaron en la compra y trámites del avión? Para muchas cosas, si una administración planifica con coherencia, pues en concepto de los expertos con ese monto se mitigaría buena parte de las “enfermedades” que aquejan al sector salud. Afirman que en vez de agotar los ahorros del FAET en algo suntuario, esa suma más los costos de operación que abren un hueco en las finanzas departamentales, hubiera servido para superar la crisis del hospital San Vicente, sufragar la ampliación de servicios en el materno infantil y auspiciar muchos programas de prevención; en estricta economía, una inversión no un gasto… pero tranquilos, tenemos aeroambulancia, no presta ningún servicio, pero Arauca se da el lujo de tenerlo.
Por ese despropósito, avanzó la Fiscalía General de la Nación, que ya produjo las primeras ordenes de captura. Ayer (jueves 23 de marzo) fueron asegurados el ex director de la UAESA Édgar Alexander Contreras Velasquez; capturado en San José del Guaviare y los ex funcionarios de esa entidad, el enfermero Edwin López Pedraza; la abogada María Dilia Sierra Ortíz, ex jurídica y Stella Acevedo Camacho, subdirectora de aseguramiento.
