El Ministerio Público indaga si se ha incumplido con la atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, “por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia”.
Entre las gobernaciones investigadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame en Arauca; Soledad, Barranquilla y Malambo en Atlántico; Magangué y El Carmen de Bolívar en Bolívar; Patía, Cajibío y Buenos Aires en Cauca; Chimichagua, Valledupar y El Copey en Valledupar; Tierralta en Córdoba y Pitalito en Huila.
También las alcaldías de Maicaco, Fonseca y San Juan del Cesar en Guajira; El Banco, Santa Marta, y Plato en Magdalena; Ipiales y San Andrés de Tumaco en Nariño; Cúcuta, El Carmen y Teorama en Norte de Santander; Puerto Asís en Putumayo; Pereira en Risaralda; Piedecuesta y Girón en Santander; Sincelejo y Sanonofre en Sucre; e Ibagué y Chaparral en Tolima.
