La Corte Suprema de Justicia negó la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada por las defensas de los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, procesados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La determinación fue adoptada el 18 de noviembre de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia, que concluyó que aún no se configura la causal legal invocada por los abogados para solicitar la excarcelación de los dos legisladores.
El debate jurídico se centró en el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la resolución de acusación hasta el inicio de la audiencia pública de juzgamiento. Las defensas argumentaron que habían transcurrido más de seis meses y que, por tanto, sus representados tenían derecho a recuperar la libertad.
Sin embargo, el alto tribunal estableció que la acusación quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2026, cuando se resolvió el último recurso pendiente, y no el 12 de mayo, como sostenían los abogados.
Uno de los aspectos determinantes de la providencia fue la práctica de una prueba testimonial en el extranjero. La Corte ordenó recibir la declaración de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece asilado en Nicaragua.
De acuerdo con la interpretación de la Ley 600 de 2000 aplicada por la Sala, la práctica de esta diligencia fuera del país permite ampliar hasta seis meses adicionales el término procesal.
En consecuencia, el plazo para la actuación judicial se extiende hasta el 26 de mayo de 2027, fecha que será determinante para establecer si se configura una eventual causal de libertad por vencimiento de términos.
Manzur y Manrique fueron acusados formalmente como presuntos responsables del delito de cohecho impropio y permanecen privados de la libertad desde el 12 de marzo de 2026.
La investigación se relaciona con el presunto ofrecimiento de contratos y beneficios a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito público del Gobierno nacional.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a posibles acuerdos con integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para obtener respaldo a operaciones gubernamentales, mediante supuestos ofrecimientos de contratos y direccionamiento de recursos vinculados a la UNGRD.
En el expediente también aparecen otros congresistas, entre ellos Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, mencionados en el contexto de las investigaciones por las presuntas irregularidades.
Con esta decisión, Wadith Manzur y Karen Manrique deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso penal. La Corte determinó que, por ahora, no se cumplen las condiciones legales para acceder a la libertad provisional solicitada.
El caso continúa bajo la lupa de las autoridades judiciales por las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD, un escándalo que ha comprometido a exfuncionarios del Gobierno nacional y a dirigentes políticos.

