El Juzgado Primero Laboral Municipal de Arauca declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca (ITTDAR) contra el municipio de Arauca y la Inspección de Policía, en medio de la controversia jurídica por la restitución del inmueble relacionado con la operación del transporte terrestre en la capital araucana.
La determinación fue adoptada mediante sentencia del 18 de noviembre de 2026, suscrita por la juez Karem Piña, dentro del proceso con radicado 81-001-40-05-001-2026-10210-00.
El ITTDAR había acudido a la justicia constitucional alegando una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por las actuaciones adelantadas dentro del proceso policivo 013-2026, que culminó con la restitución material del inmueble el pasado 5 de noviembre.
Sin embargo, al analizar el expediente, el despacho judicial concluyó que el organismo todavía dispone de mecanismos ordinarios para controvertir las decisiones adoptadas por la autoridad de Policía.
Uno de los argumentos determinantes fue que permanece en trámite un recurso de apelación presentado contra la decisión de fondo del 9 de octubre de 2026, circunstancia que, según el juzgado, permite acudir a las vías legales existentes antes de solicitar la intervención excepcional del juez constitucional.
La providencia también advierte que no se aportaron elementos técnicos u objetivos que demostraran que la restitución del inmueble hubiera ocasionado la suspensión o paralización del servicio público de transporte terrestre en Arauca.
Por esa razón, la juez consideró que tampoco estaba acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que justificara conceder el amparo constitucional.
En consecuencia, el despacho declaró improcedente la tutela y ordenó levantar la medida provisional decretada durante el trámite, una vez la sentencia quede ejecutoriada.
La decisión deberá ser notificada a las partes y, si no es impugnada dentro del término legal, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión.
El pronunciamiento judicial mantiene abierta la disputa jurídica por el inmueble y deja la resolución de las inconformidades en manos de los mecanismos ordinarios previstos en la ley.
El fallo es de primera instancia y no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso policivo.

