Dos vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron hurtados durante la última semana en el departamento de Arauca. Los casos se registraron en jurisdicción de Cravo Norte y Arauquita y afectaron los esquemas de seguridad de un exdirigente comunal y un defensor de derechos humanos.
El primer hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre, en la vía que comunica a Puerto Rondón con Cravo Norte, donde fue afectado Javier Paredes, expresidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de ese municipio.
De acuerdo con las versiones conocidas sobre lo sucedido, el vehículo asignado a su esquema de protección presentó una falla mecánica, por lo que Paredes salió en busca de una grúa. Cuando regresó al lugar, habría encontrado a hombres armados, presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes llegaron en un tractor.
Según esos mismos reportes, los hombres armados habrían retenido durante aproximadamente tres horas a los integrantes del esquema de protección y posteriormente se llevaron el automotor de la UNP.
Este sería el segundo vehículo asignado a su seguridad que le hurtan a Paredes. En 2024 también fue víctima de un hecho similar, aunque en aquella oportunidad el automotor apareció posteriormente accidentado.
El segundo caso afectó al defensor de derechos humanos Roosevelt Yesid Robles Acero, a quien le hurtaron el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en jurisdicción del municipio de Arauquita.
Sobre este episodio no se conocen mayores detalles de las circunstancias en las que ocurrió el hurto ni información que permita establecer la identidad de los responsables. Tampoco se ha establecido una posible relación de este caso con el ELN.
Preocupación por la seguridad de los beneficiarios
Los dos hechos generan preocupación por las condiciones de seguridad de las personas que cuentan con medidas de protección estatal en Arauca, especialmente en zonas rurales donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.
El hurto de los vehículos compromete las condiciones de movilidad de sus beneficiarios y plantea nuevos interrogantes sobre las garantías para quienes enfrentan amenazas y cuentan con esquemas de protección de la UNP.
Se espera que las autoridades adelanten las investigaciones para esclarecer ambos casos, identificar a los responsables y recuperar los automotores.
