La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata e incondicional de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada el miércoles 4 de noviembre en el casco urbano de Saravena, Arauca, cuando se encontraba vestida de civil.
A través de un pronunciamiento divulgado este jueves 5 de noviembre, el organismo rechazó el secuestro y manifestó su solidaridad con los familiares de la oficial y con el Ejército Nacional, ante la incertidumbre generada por su retención.
La entidad hizo un llamado a garantizar la vida, integridad y dignidad de la subteniente, así como la de todas las personas que permanecen secuestradas en Arauca y en el resto del país.
En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que en octubre de 2025 emitió la Alerta Temprana 014-25 para el departamento de Arauca y el municipio de Cubará, Boyacá.
En ese documento advirtió sobre la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), además de las amenazas de otros grupos armados ilegales y el riesgo de nuevas afectaciones a la población.
Ante este escenario, la institución instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar de manera urgente las recomendaciones contenidas en la alerta, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo manifestó su disposición para acompañar las gestiones humanitarias que contribuyan al pronto regreso de María Camila Pantoja Hernández junto a su familia.
El pronunciamiento se conoce después de que el Frente de Guerra Oriental del ELN reconociera públicamente su responsabilidad en el secuestro de la subteniente, mediante un comunicado fechado el 5 de noviembre.
La exigencia del organismo de control se suma a los llamados institucionales para que la organización armada respete la vida de la oficial y permita su liberación inmediata, sin condicionamientos.
Mientras continúan las acciones para lograr su regreso, la Defensoría insistió en que ninguna circunstancia del conflicto armado justifica la privación ilegal de la libertad ni la vulneración de los derechos fundamentales de las personas.
