La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de José Rafael Zúñiga Castañeda, quien se desempeñó como gobernador encargado de Arauca entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2006, dentro de un proceso penal relacionado con la firma de 16 contratos que presentaban irregularidades en sus estudios previos.
El caso se originó por la suscripción de los contratos el 27 de enero de 2006. Según lo examinado por la justicia, se trataba de dos contratos de prestación de servicios y 14 de consultoría. En varios de ellos no se encontraron estudios previos independientes y, en algunos casos, los documentos correspondientes tenían fechas posteriores a la celebración de los acuerdos.
Estas circunstancias fueron consideradas relevantes para establecer el posible incumplimiento de los requisitos legales en la contratación estatal. Sin embargo, la Corte concluyó que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal al exmandatario.
La decisión de segunda instancia se produjo luego de que la Fiscalía apelara la sentencia absolutoria emitida el 18 de octubre de 2023 y solicitara condenar a Zúñiga Castañeda por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Al estudiar el expediente, la Sala distinguió entre las irregularidades identificadas en la contratación y la responsabilidad penal del procesado. Aunque encontró acreditados aspectos objetivos relacionados con el incumplimiento de requisitos legales, determinó que no se demostró, más allá de toda duda razonable, que el exgobernador encargado hubiera actuado con conocimiento e intención de cometer la conducta delictiva.
Uno de los elementos determinantes fue que Zúñiga Castañeda confió en la revisión y el aval de la Oficina Jurídica de la Gobernación, dependencia que verificaba los documentos antes de que los contratos fueran puestos a su consideración para la firma.
La Corte también tuvo en cuenta que el procesado era profesional en química y licenciado en esa área, no contaba con formación especializada en contratación estatal y permaneció en el cargo durante un periodo de apenas una semana.
Para el alto tribunal, estas circunstancias permitieron establecer que actuó bajo un error de prohibición invencible, al confiar en la asesoría y revisión jurídica de los funcionarios encargados de esa labor.
En consecuencia, la Sala de Casación Penal confirmó en su totalidad la sentencia absolutoria y descartó la posibilidad de imponer una condena penal contra el exgobernador encargado de Arauca.
