El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, señaló que cinco de las víctimas eran niños y tres niñas. Norte de Santander, Guaviare y Arauca figuran entre los departamentos donde se han registrado estos hechos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta aproximadamente 17 menores de edad fallecidos en operaciones terrestres y aéreas de la Fuerza Pública durante 2026. De acuerdo con la información entregada por el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, ocho de estos casos corresponden al periodo del actual Gobierno, mientras que los nueve restantes se habrían registrado durante la etapa final de la administración anterior.
Según el funcionario, entre los ocho menores contabilizados durante el actual Gobierno se encuentran cinco niños y tres niñas. Los departamentos de Norte de Santander, Guaviare y Arauca aparecen entre los territorios con registros de fallecimientos en este tipo de operaciones.
El balance, sin embargo, podría cambiar. La cifra divulgada no incluye los resultados del bombardeo anunciado el 28 de octubre contra una estructura del Clan del Golfo en Chocó, operación cuyo balance oficial estaba pendiente de conocerse para establecer si hubo menores de edad entre las víctimas.
El Gobierno presentó el ataque en Chocó como el sexto bombardeo de su administración. No obstante, la determinación de posibles víctimas menores de edad depende de la información oficial sobre el operativo y de los procedimientos de identificación y verificación forense.
La cifra reportada por Medicina Legal se refiere a menores fallecidos en operaciones terrestres y aéreas de la Fuerza Pública. La situación particular de cada víctima, incluida una posible vinculación o reclutamiento por parte de organizaciones armadas ilegales, debe establecerse con base en los elementos probatorios y las investigaciones correspondientes.
Por esta razón, los casos no deben clasificarse de manera generalizada como muertes de integrantes de grupos armados ni confundirse con posibles víctimas civiles sin que exista información individual que sustente esa conclusión.
La divulgación del balance coincidió con una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que revocó una determinación de primera instancia relacionada con medidas reforzadas de precaución antes de ejecutar bombardeos en lugares donde existiera información sobre la presencia de menores reclutados por grupos armados.
La Sala de Familia declaró improcedente la acción de tutela y dejó sin efecto la medida provisional. Entre los argumentos reportados figura que la solicitud no identificaba de manera concreta a los menores, los campamentos o las operaciones frente a las cuales se advertía una amenaza específica.
La decisión no constituye una autorización general para realizar bombardeos sin considerar la presencia de menores, ni elimina las obligaciones del Estado en materia de protección de la población civil y cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Las operaciones militares deben observar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, además de las obligaciones de protección especial de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento y la utilización por grupos armados.
Dentro de los hechos relacionados con el proceso judicial se encuentra un bombardeo ocurrido en agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare. Según información de Medicina Legal citada en el expediente, en esa operación murieron tres menores de edad.
También se mencionó una operación en el Catatumbo en la que inicialmente se reportó la muerte de un adolescente. Sin embargo, la Fiscalía informó posteriormente que las dos personas fallecidas e identificadas eran mayores de edad.
El expediente podría ser objeto de una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, siempre que sea seleccionado para ese trámite.
Mientras tanto, permanece pendiente la consulta de los documentos oficiales que permitan corroborar el desglose de víctimas por periodo de Gobierno, el balance del operativo en Chocó y el alcance exacto de la decisión judicial.
La cifra conocida hasta ahora es de aproximadamente 17 menores fallecidos en operaciones de la Fuerza Pública durante 2026, ocho de ellos durante el actual Gobierno. El consolidado está sujeto a actualización y verificación por parte de las autoridades competentes.
