El exsecretario de Gobierno cuestionó la participación de un consorcio relacionado con Ramiro Dussán, esposo de una asistente privada del gobernador Renson Martínez. Anunció que acudirá a la Fiscalía para que se investiguen los hechos.
Una denuncia pública del exsecretario de Gobierno y exdiputado Edgar Guzmán Roble puso bajo cuestionamiento la contratación de la Gobernación de Arauca. El exfuncionario señaló presuntas irregularidades relacionadas con la participación de empresas y personas vinculadas entre sí en la ejecución de contratos del departamento.
Según Guzmán, Ramiro Dussán, a quien identificó como esposo de una asistente privada del gobernador Renson Martínez, sería representante legal de la empresa Dussar, compañía que, de acuerdo con su denuncia, habría sido sancionada por la Contraloría.
El exdiputado afirmó que, tras esa situación, la empresa habría tenido que ceder contratos y cuestionó la forma en que estos habrían pasado a manos de otra estructura empresarial.
En sus declaraciones, Guzmán aseguró que los contratos habrían quedado en manos de un consorcio integrado por una empresa constituida por Dussán, la compañía Dussar y el propio contratista como persona natural.
El exfuncionario puso en duda esta operación y planteó la posibilidad de que dicha estructura se hubiera utilizado para continuar con la ejecución de los contratos pese a la sanción que, según sostiene, afectaría a la empresa.
Ante estos señalamientos, anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que se verifique la legalidad de las actuaciones y se establezca si existen posibles irregularidades en la contratación pública.
Asimismo, advirtió que próximamente dará a conocer otros cuestionamientos relacionados con contratos en el municipio de Arauquita.
Para determinar si hubo irregularidades, será necesario revisar los contratos involucrados, los documentos de constitución del consorcio, la participación de cada integrante y el alcance jurídico de la sanción que presuntamente habría recibido Dussar.
También deberá establecerse si la medida estaba vigente al momento de la contratación y cuáles eran sus efectos sobre la participación de la empresa en procesos contractuales.
