La Misión de Observación Electoral identificó tres corredores críticos por la presencia de grupos armados ilegales. Su directora, Alejandra Barrios, cuestionó la falta de una política de seguridad estructurada de cara a las próximas elecciones locales.
La presencia de grupos armados ilegales y la disputa por rentas ilícitas mantienen en alerta a varios territorios de Colombia de cara a las elecciones locales de 2027. Así lo advirtió la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó tres corredores donde la violencia podría comprometer las garantías para candidatos, campañas y votantes.
La directora de la organización, Alejandra Barrios Cabrera, señaló que uno de los puntos de mayor preocupación es una franja territorial en forma de herradura que se extiende desde La Guajira hasta Arauca. En ese corredor, el Catatumbo y el departamento de Arauca figuran entre las zonas más delicadas por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La alerta adquiere especial relevancia para Arauca, donde las condiciones de seguridad representan un desafío para el desarrollo de la actividad política y la participación ciudadana en los próximos comicios.
El segundo corredor identificado por la MOE conecta la región del Catatumbo con el Urabá antioqueño y chocoano. Según Barrios, en estos territorios existe una estrecha relación entre la presencia de grupos armados ilegales, las economías ilícitas y las dinámicas políticas.
El tercer foco de preocupación se ubica en la región Pacífica, donde se registran disputas entre estructuras armadas ilegales, incluidos grupos conocidos como gaitanistas y el ELN.
En el suroccidente del país, Nariño y Cauca también concentran factores de riesgo. La directora destacó la compleja situación de Cauca, departamento afectado por la violencia y la presencia de disidencias de las antiguas FARC.
Además de identificar los territorios críticos, Barrios cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional frente a la situación de orden público. Según su planteamiento, las acciones actuales se concentran en atender hechos puntuales, sin que exista una política de seguridad estructurada y claramente definida para enfrentar los riesgos.
Por ello, pidió que el Gobierno haga pública esa estrategia cuanto antes, al considerar que sus resultados tendrán incidencia directa en el desarrollo de la contienda electoral.
La MOE advirtió que las condiciones de seguridad en los territorios serán determinantes para establecer si las elecciones de 2027 se desarrollan en un ambiente de mayor violencia o con garantías suficientes para el ejercicio democrático.
Para Arauca, la alerta pone sobre la mesa el desafío de proteger a quienes aspiren a cargos de elección popular, garantizar la libertad de las campañas y evitar que la presión de los actores armados interfiera en la decisión de los ciudadanos.
