viernes, octubre 16, 2026
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A la cárcel presunto extorsionista que habría exigido $3 millones a una comerciante en Arauca

Arauca, Arauca. Una comerciante de la capital araucana habría sido víctima de amenazas y exigencias económicas por tres millones de pesos para permitirle continuar con su actividad comercial. Por estos hechos, un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a Arley Alexander Camacho López, señalado de estar involucrado en la presunta extorsión.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre agosto y octubre de 2026 la mujer recibió llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían el pago del dinero. Ante la presión, decidió denunciar y alertar a las autoridades sobre el acuerdo para entregar una parte de la suma exigida en un establecimiento comercial de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló el pasado 10 de octubre, cuando unidades del Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, capturaron a Camacho López en el momento en que, presuntamente, se disponía a recibir parte del dinero.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron los recursos que serían entregados por la víctima, como parte de las acciones adelantadas para frenar la presunta conducta extorsiva.

La captura permitió poner al señalado a disposición de la justicia, mientras la Fiscalía avanzó con la formulación de imputación por estos hechos.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Camacho López el delito de extorsión. El procesado no aceptó los cargos.

Sin embargo, tras las diligencias judiciales, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso.

La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos y la presunta participación del señalado. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia, bajo el principio de presunción de inocencia.

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que las amenazas y las exigencias económicas ilegales pueden tener sobre comerciantes y trabajadores, quienes ven comprometidas su tranquilidad y la continuidad de sus actividades productivas.

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