La Personería Municipal acudió al Tribunal Administrativo de Arauca tras años de reclamos por interrupciones, baja calidad de los datos y problemas de señal. La entidad advierte que el municipio depende de una sola estación base de la compañía.
La Personería Municipal presentó una acción popular contra Claro Colombia y las entidades encargadas de vigilar y regular el sector de las telecomunicaciones, al considerar que las dificultades en la prestación del servicio de telefonía móvil y datos estarían afectando derechos colectivos de los usuarios.
La acción fue radicada el 28 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Administrativo de Arauca por el personero municipal, Óscar Fernando Vanegas Ávila.
El proceso busca que se adopten medidas frente a las fallas que, según la Personería, vienen siendo reportadas desde hace varios años y que incluyen interrupciones del servicio, problemas de calidad en las llamadas, lentitud en los datos y falta de cobertura en sectores rurales.
Uno de los principales argumentos expuestos en la acción popular es la dependencia del municipio de una única estación base de Claro.
Según la documentación presentada por la Personería, la situación habría sido reconocida por la propia compañía en respuestas entregadas durante septiembre de 2026.
El problema tendría mayor impacto cuando se presentan interrupciones en el suministro de energía, debido a que la infraestructura de telecomunicaciones podría quedar afectada y dejar sin servicio a buena parte de los usuarios.
“En agosto de 2026 estuvimos una semana sin datos, pagando planes que no pudimos usar; en la zona rural prácticamente no hay señal”, manifestó el personero Óscar Fernando Vanegas Ávila.
La Personería también sostiene que la cobertura de Claro se concentra principalmente en el casco urbano, mientras que en veredas, caseríos y corregimientos persisten dificultades para acceder a la señal.
La acción judicial recopila antecedentes que se remontan a agosto de 2021, cuando la Personería informó al Ministerio TIC sobre las dificultades que enfrentaban los usuarios del municipio.
En ese momento fueron reportadas caídas constantes de la red, interrupciones en las llamadas y problemas de velocidad en los servicios de datos.
Posteriormente, la entidad realizó nuevos requerimientos a Claro, al Ministerio TIC y a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Otro de los antecedentes incorporados al proceso corresponde a una visita técnica realizada el 13 de septiembre de 2021 por el Consorcio Red 700. De acuerdo con la documentación citada por la Personería, la infraestructura de Comcel obtuvo en esa actuación un resultado de “No Conforme” frente a la obligación de actualización tecnológica.
La actuación fue posteriormente trasladada a la Subdirección de Investigaciones Administrativas.
La Personería pretende que durante el proceso se establezcan las condiciones reales en las que opera la red de Claro en Puerto Rondón y se determinen eventuales medidas para mejorar el servicio.
Entre las solicitudes están establecer cuántas interrupciones e indisponibilidades ha registrado la estación base durante 2026, determinar si cuenta con respaldo energético y verificar si existen rutas alternativas de transmisión.
También se pide analizar medidas para ampliar la cobertura hacia las zonas rurales y revisar la situación de los usuarios afectados por las interrupciones, incluidas las posibles compensaciones que correspondan conforme a la regulación.
La entidad municipal solicitó además que el Ministerio TIC, la SIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informen sobre las actuaciones adelantadas frente a las dificultades denunciadas.
La acción popular fue presentada contra Comcel S.A. (Claro Colombia), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
La presentación de la demanda no significa que Claro o las entidades involucradas hayan sido declaradas responsables. Ahora será el Tribunal Administrativo de Arauca el que deberá estudiar la procedencia de la acción y, posteriormente, valorar las pruebas y argumentos de las partes.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la brecha de conectividad en las zonas rurales del país, esta vez desde un municipio de Arauca donde la Personería sostiene que las dificultades en el servicio llevan varios años sin una solución definitiva.
