El Ejecutivo terminó los procesos con las estructuras de ‘Calarcá’, la CNEB y Los Pachenca, retiró reconocimientos a sus representantes y desmontó las delegaciones oficiales.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella formalizó el cierre de tres procesos de diálogo que habían sido abiertos durante la administración de Gustavo Petro, en una de las primeras decisiones de fondo que marcan el cambio de rumbo de la política de paz frente a los grupos armados ilegales.
Las determinaciones quedaron consignadas en resoluciones expedidas el 28 de agosto de 2026, mediante las cuales el Ejecutivo puso fin a las mesas, retiró el reconocimiento oficial a integrantes de las organizaciones armadas que participaban como representantes y ordenó la salida de funcionarios gubernamentales de los procesos.
Una de las decisiones corresponde a la mesa con las estructuras del denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, bajo el liderazgo de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.
El Gobierno argumentó una “ausencia de voluntad de paz” y señaló presuntos incumplimientos de compromisos adquiridos durante el quinto ciclo de conversaciones.
Con otras resoluciones relacionadas con el mismo proceso, fueron revocados los reconocimientos de los representantes de la organización y retirados los delegados del Gobierno que hacían parte de la negociación.
La administración también decidió terminar la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
La decisión se fundamentó en la pérdida de voluntad de paz y en la falta de condiciones para continuar acreditando una intención de reincorporación a la vida civil.
Entre los representantes cuyo reconocimiento fue retirado figura Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’. También salió del proceso el entonces jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa García, junto con otros funcionarios de la delegación oficial.
El tercer proceso cerrado corresponde a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.
En este caso, el Gobierno terminó el espacio de conversación sociojurídica que buscaba establecer si existía una voluntad real de avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia.
La administración concluyó que no estaban dadas las condiciones para continuar y revocó el reconocimiento de nueve integrantes como representantes.
Además, solicitó la reactivación de las órdenes de captura contra las personas cobijadas por esta decisión.
Con estas determinaciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella comienza a desmontar varios de los escenarios de negociación impulsados durante la administración Petro y plantea una nueva línea frente a las organizaciones armadas.
El cierre de las tres mesas no solo significa el fin formal de las conversaciones. También implica el retiro de los reconocimientos oficiales y de las delegaciones gubernamentales que participaban en estos procesos.
La decisión abre una nueva etapa en la política de seguridad y paz del Gobierno, con una postura más estricta frente a las estructuras que no demuestren, según el Ejecutivo, una voluntad efectiva de abandonar las armas.
