William Alfonso Reyes y dos exfuncionarios municipales fueron condenados por el manejo irregular de recursos provenientes de regalías petroleras. Las penas superan los 100 meses de prisión.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra el exalcalde de Arauca William Alfonso Reyes, el exsecretario de Hacienda José Andrides Córdoba y el extesorero Andrés Aníbal Herrera, por el delito de peculado por apropiación, relacionado con el manejo irregular de $16.000 millones de regalías petroleras.
La decisión de la Sala Penal se produce casi 18 años después de los hechos y resuelve las impugnaciones presentadas por los tres exfuncionarios contra la sentencia que había emitido el Tribunal Superior de Arauca en 2021.
Los hechos se remontan a octubre de 2008. En ese momento, Reyes, quien ejercía como alcalde de Arauca, autorizó la inversión de $16.000 millones correspondientes a excedentes de liquidez del municipio y provenientes de regalías petroleras.
El dinero fue girado por el entonces tesorero Andrés Aníbal Herrera a la firma comisionista Serfinco, en una operación en la que también intervino Probolsa S.A.
Según estableció la Corte, Probolsa no estaba sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera ni había acreditado autorización para actuar como intermediario.
La operación se realizó mediante una venta con pacto de retroventa, conocida como Repo, pese a que este tipo de transacción estaba prohibido por las normas vigentes en ese momento.
De los $16.000 millones, $9.147 millones fueron apropiados por Héctor Jairo Bonilla López, representante de Probolsa, quien habría destinado los recursos al pago de obligaciones, inversiones y gastos propios y de la sociedad, además de comisiones y reintegros a otras entidades.
En 2021, el Tribunal Superior de Arauca revocó parcialmente una decisión inicial y condenó a los tres exfuncionarios por el millonario desfalco.
William Alfonso Reyes: 165 meses de prisión.
José Andrides Córdoba: 120 meses.
Andrés Aníbal Herrera: 100 meses.
Los tres también fueron condenados al pago de multas superiores a $13.000 millones cada uno.
Las defensas llevaron el caso ante la Corte Suprema e intentaron controvertir las decisiones adoptadas en segunda instancia.
Uno de los argumentos planteados fue que el entonces alcalde Reyes había intentado recuperar los recursos después de conocer las irregularidades. De hecho, el 30 de diciembre de 2008 solicitó a Serfinco que el dinero fuera retenido y devuelto al municipio.
Sin embargo, la Corte concluyó que esta actuación posterior no eliminaba la responsabilidad penal y confirmó la sentencia.
La Sala Penal también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las actuaciones correspondientes frente a una eventual extinción de dominio, con el objetivo de buscar el resarcimiento del daño ocasionado a los recursos públicos.
Con esta decisión, la Corte Suprema deja en firme una condena que se originó en una operación realizada en 2008 y que involucró recursos provenientes de las regalías petroleras del municipio de Arauca.
