El departamento aparece entre los territorios con municipios afectados por altos niveles de reclutamiento infantil. Dos municipios araucanos están entre los 20 que concentraron el 61 % de los casos registrados en Colombia entre 2021 y 2025.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados vuelve a generar una alerta nacional. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ubica a Arauca entre los departamentos cuyos municipios presentan algunos de los niveles más altos de esta problemática en Colombia.
Según el análisis de la organización, basado en cifras de la Defensoría del Pueblo, Arauca reportó 44 casos de reclutamiento de menores entre 2021 y 2025.
La cifra se distribuye en un caso en 2021, 15 en 2022, seis en 2023, 12 en 2024 y 10 en 2025.
Aunque departamentos como Cauca, Norte de Santander y Antioquia registraron los mayores números de casos, HRW advierte que dos municipios de Arauca hacen parte de los 20 municipios del país que concentraron el 61 % de todos los casos reportados durante ese periodo.
El informe señala que los grupos armados estarían utilizando diferentes mecanismos para acercarse a los menores, especialmente en territorios donde existen condiciones de pobreza, exclusión, dificultades de acceso a la educación y vulnerabilidad familiar.
Entre las estrategias identificadas aparecen redes sociales, falsas ofertas laborales, intermediarios y acercamientos en entornos escolares.
HRW recoge el testimonio de un adolescente de Arauca que aseguró que algunos jóvenes vinculados a un grupo armado acudían con frecuencia a su institución educativa para intentar convencer a otros estudiantes de ingresar a sus filas.
La situación genera especial preocupación en Arauca por la presencia histórica de grupos armados y su condición fronteriza con Venezuela.
A nivel nacional, Human Rights Watch estima que al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados desde 2021, aunque advierte que el número real podría ser mayor debido al subregistro.
La organización también cuestiona las dificultades que persisten en las políticas estatales de prevención y protección, particularmente en zonas rurales y apartadas donde la presencia institucional resulta limitada.
Para HRW, enfrentar este fenómeno requiere una respuesta que vaya más allá de las operaciones de seguridad. La prevención debe incluir educación, oportunidades para los jóvenes, protección de las comunidades y una mayor capacidad institucional para detectar y evitar la captación de menores.
La situación vuelve a poner a Arauca bajo la mirada nacional y plantea un desafío para las autoridades frente a la protección de niños y adolescentes en zonas donde persiste la presencia de estructuras armadas.
