Cinco comunidades indígenas del pueblo Hitnü fueron beneficiadas con una jornada de atención institucional que permitió atender a 268 personas pertenecientes a 82 hogares en el departamento de Arauca.
La actividad se desarrolló en articulación con la Unidad para las Víctimas y la Gobernación de Arauca, con el propósito de avanzar en la protección y restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de esta población, considerada en especial condición de vulnerabilidad.
Durante la jornada se recibieron declaraciones relacionadas con hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado y se brindó orientación sobre el acceso a derechos y a la oferta institucional.
La atención se realizó en cumplimiento del Auto 382 de 2010 de la Corte Constitucional, mediante el cual se advirtió que el pueblo Hitnü, también conocido como Makaguán, se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural.
La distribución de la atención fue la siguiente:
- Monogarra-Caño Azul: 7 hogares, 31 personas.
- Monogarra: 18 hogares, 59 personas.
- Providencia: 11 hogares, 35 personas.
- El Trapiche: 11 hogares, 34 personas.
- Las Vegas: 35 hogares, 109 personas.
La comunidad Hitnü está asentada principalmente en la Selva del Lipa, territorio ubicado entre los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón. Durante años, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población.
El conflicto armado ha provocado confinamientos, homicidios y desplazamientos forzados, mientras que la pérdida de sus territorios y prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección ha profundizado las dificultades para garantizar su alimentación y salud, especialmente entre niños y niñas.
A esta problemática se suma la limitada presencia institucional y las demoras en la implementación de medidas destinadas a garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Este año, además, las comunidades indígenas han tenido que enfrentar los efectos de la temporada invernal en Arauca, situación que ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de familias que ya habían sido identificadas como prioritarias por la Corte Constitucional.
Las entidades participantes señalaron que la protección del pueblo Hitnü requiere una intervención sostenida y coordinada del Estado, de manera que la atención no se limite a responder a situaciones de emergencia, sino que permita avanzar de forma permanente en la garantía de sus derechos y en la prevención de su desaparición física y cultural.
