Ever Pallares Baene dejará el cargo el 25 de agosto, mientras la Fiscalía adelanta una investigación preliminar por la posible entrega de información reservada.
El defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Pallares Baene, renunció a su cargo luego de que se conociera una investigación preliminar de la Fiscalía General de la Nación por la presunta filtración de información reservada que habría terminado en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La salida del funcionario fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que explicó que la decisión busca preservar la confianza institucional y facilitar el desarrollo de las investigaciones sin posibles interferencias.
La entidad aseguró además que colaborará con las autoridades y entregará la información que sea requerida dentro del proceso.
La investigación, revelada por Noticias RCN, se habría iniciado a partir de una denuncia sobre la presunta salida de información confidencial desde la Defensoría Regional de Ocaña relacionada con líderes sociales.
Según el denunciante, algunos de esos datos coincidirían con información incluida en un mensaje amenazante atribuido al Frente de Guerra Nororiental del ELN, recibido en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos.
Pallares Baene negó los señalamientos y manifestó que está dispuesto a presentarse ante la Fiscalía para responder por los hechos que son materia de investigación.
“Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente”, afirmó.
El caso generó además cuestionamientos por el parentesco de Pallares Baene con Amanda Pallares, conocida como alias ‘Silvana Guerrero’, señalada como presunta integrante del ELN.
El funcionario sostuvo que los vínculos familiares no pueden utilizarse para atribuirle responsabilidades y reiteró que está dispuesto a colaborar con la investigación.
Su renuncia será efectiva el 25 de agosto. Pallares explicó que su decisión también está relacionada con su intención de participar en las elecciones regionales de 2027.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si existió una filtración de información reservada, quién habría tenido acceso a esos datos y si se configuró alguna conducta penal.
