El sindicato UTUNP pidió investigar por qué la funcionaria se movilizaba sola y sin escoltas en un vehículo blindado de la entidad por la vía Arauca–Tame. También cuestionó el supuesto uso de un automotor destinado a esquemas de protección.
El robo de una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Arauca desató un fuerte cuestionamiento desde el sindicato UTUNP, que pidió esclarecer las circunstancias en las que la coordinadora territorial de la entidad, María Isabel Ariza Saray, se desplazaba por una de las zonas con mayores riesgos de seguridad del departamento.
El hecho ocurrió el miércoles 19 de agosto en el sector de Flor Amarillo, sobre la vía Arauca–Tame. De acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, cuatro hombres armados la interceptaron y aseguraron pertenecer al ELN. Los sujetos la obligaron a entregar una camioneta Toyota TXL blindada, de placas JYL-003, asignada a la UNP.
Tras conocerse el robo, Wilson Javier Devia, integrante de UTUNP, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el desplazamiento de la funcionaria y pidió una investigación interna para establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad.
“No se entiende qué hacía la funcionaria sola en desplazamiento de Arauca a Tame y por qué no utilizó el vehículo administrativo para dicha actividad”, señaló Devia.
El dirigente sindical puso el foco en dos aspectos: el uso de la camioneta blindada y el hecho de que la coordinadora viajara sin escoltas, pese al complejo panorama de seguridad que atraviesa el departamento y a los recientes casos de interceptación y hurto de vehículos.
Para UTUNP, la investigación debe determinar cuál era el propósito del viaje, si estaba relacionado directamente con las funciones de la funcionaria y bajo qué autorización se utilizó el vehículo blindado.
El sindicato también cuestionó que una camioneta nueva y blindada, destinada a labores de protección, terminara expuesta en un desplazamiento en el que la funcionaria, según lo señalado, se encontraba sola.
El interrogante central ahora es si se cumplieron los protocolos establecidos por la UNP para el uso de vehículos y desplazamientos de funcionarios en territorios con alto riesgo de seguridad.
Devia sostuvo que el episodio debe ser investigado de manera integral y que no basta con establecer quiénes participaron en el hurto.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias del desplazamiento, las condiciones bajo las cuales fue asignado el vehículo y si existieron eventuales fallas en los protocolos de seguridad.
Por ahora, no existe una conclusión oficial que atribuya responsabilidad a la funcionaria por el robo del automotor. Los cuestionamientos corresponden al sindicato y deberán ser esclarecidos por las investigaciones correspondientes.
El caso vuelve a generar preocupación por la seguridad en el corredor Arauca–Tame y deja bajo la lupa los protocolos de protección de la UNP en uno de los departamentos más golpeados por la violencia y las acciones de grupos armados.
