La entidad expresó su preocupación por los hechos registrados entre el 7 y el 8 de agosto y advirtió sobre el creciente riesgo para la población civil en medio de la confrontación armada.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por una serie de ataques, hostigamientos y acciones con artefactos explosivos registrados en distintos departamentos del país durante los días 7 y 8 de agosto.
Cauca y Nariño concentran varios de los hechos, aunque también se reportaron situaciones en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Según la entidad, en un corto periodo se presentaron ataques con armas de fuego, drones y explosivos dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La Defensoría señaló que varios de estos hechos ocurrieron en zonas urbanas o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades, aumentando el riesgo para la población civil. Algunos de los acontecimientos también habrían generado afectaciones a civiles y restricciones en la movilidad.
No hay evidencia de una ofensiva nacional coordinada
Aunque la concentración de hechos en diferentes regiones genera preocupación, la Defensoría aclaró que la información disponible no permite afirmar, por ahora, que se trate de una ofensiva nacional coordinada.
La entidad explicó que los acontecimientos estarían relacionados con dinámicas territoriales y la actuación de diferentes actores armados, en un escenario marcado por la fragmentación de las estructuras ilegales.
Uno de los principales focos de preocupación es el uso recurrente de drones y artefactos explosivos, modalidades que ya habían sido advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
De acuerdo con la entidad, la utilización de estos medios en zonas pobladas o próximas a bienes civiles incrementa el riesgo de afectaciones indiscriminadas y obliga a reforzar las medidas de protección para las comunidades.
Defensoría exige respeto por la población civil
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que puedan poner en peligro a quienes no participan en las hostilidades.
La entidad exigió el cumplimiento de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, así como el cese de cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
También recordó que la presencia de un objetivo militar en un sector poblado no elimina las obligaciones de protección frente a las personas y bienes civiles ubicados en sus alrededores.
Llamado al nuevo Gobierno
La Defensoría consideró que, ante el inicio de un nuevo Gobierno, es necesario fortalecer una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad con estrategias de prevención y protección de las comunidades.
La entidad destacó la importancia de utilizar las capacidades institucionales y las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas para anticipar escenarios de riesgo y adoptar respuestas oportunas en cada territorio.
La Defensoría anunció que continuará monitoreando la evolución de los hechos y sus impactos humanitarios y reiteró que la prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que las comunidades terminen pagando el costo de la violencia.
