Diez años después de la intoxicación masiva que afectó a decenas de estudiantes en Arauca, la justicia colombiana declaró responsables al Departamento de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA) y a la Unión Temporal Vital 2016 por las fallas que permitieron la distribución de alimentos contaminados dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La decisión fue adoptada por el Juzgado Administrativo de Arauca, que en sentencia de primera instancia concluyó que las entidades demandadas incurrieron en responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios ocasionados a los menores y a sus familias tras los hechos ocurridos el 4 de abril de 2016.
De acuerdo con el fallo, las pruebas microbiológicas practicadas durante el proceso confirmaron la presencia de las bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli en los alimentos consumidos por los estudiantes, estableciendo que estos fueron la causa de la intoxicación.
El despacho judicial también determinó que el Departamento de Arauca tenía conocimiento de las deficiencias higiénico-sanitarias que presentaba el operador del contrato del PAE, pero no adoptó oportunamente las medidas necesarias para impedir que los alimentos fueran entregados a los alumnos.
Como resultado, el juzgado ordenó que el Departamento de Arauca, la UAESA y la Unión Temporal Vital 2016 respondan de manera solidaria por el pago de indemnizaciones por daño a la salud y perjuicios morales en favor de las víctimas directas e indirectas que lograron acreditar su condición dentro de la Acción de Grupo.
La decisión representa un precedente sobre la responsabilidad de las entidades públicas en la vigilancia del Programa de Alimentación Escolar y refuerza el deber del Estado y de los operadores contratistas de garantizar alimentos seguros para los niños, niñas y adolescentes que se benefician de este programa.
El equipo jurídico que representa a las víctimas informó que, conforme a lo establecido en la Ley 472 de 1998 y a lo dispuesto en la sentencia, las personas afectadas por la intoxicación masiva del 4 de abril de 2016 que aún no hacen parte del proceso podrán solicitar orientación jurídica para conocer el alcance del fallo y establecer si cumplen los requisitos para vincularse a la Acción de Grupo dentro de las oportunidades procesales previstas por la ley.
