La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia oficializó el traslado del expediente contra seis legisladores de la Comisión de Crédito Público a la Sala de Primera Instancia, con lo cual se da inicio formal a la etapa de juicio y juzgamiento.
Con esta determinación judicial, el proceso abandona el despacho del magistrado Misael Rodríguez y queda bajo la conducción del magistrado Ariel Torres.
El caso vincula formalmente a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y al exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz. A los investigados se les atribuye la presunta comisión del delito de cohecho impropio, relacionado con las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con los elementos recopilados en la investigación penal que se adelanta desde el año 2024, los seis exmiembros y actuales miembros de la célula legislativa habrían sido los supuestos beneficiarios de un entramado de direccionamiento de la contratación pública.
Las indagaciones sugieren el otorgamiento irregular de tres millonarios contratos estatales en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Arauca, cuya cuantía global supera los 90.000 millones de pesos.
La hipótesis de las autoridades judiciales plantea que dichos beneficios contractuales habrían sido asignados presuntamente a cambio de que los legisladores ofrecieran su respaldo político a las solicitudes de créditos internacionales formuladas por el Ministerio de Hacienda.
Para la época de los hechos, dicha cartera ministerial se encontraba bajo la dirección de Ricardo Bonilla, quien también ostenta la condición de imputado en el marco de este escándalo de corrupción.
