La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación hicieron un llamado al respeto por la vida y libertad de varios agentes de la Dirección de Protección y Asistencia y de varios integrantes de la Policía Nacional secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado.
Agradecieron a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación y señalaron que deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.
En ese sentido, recordaron que el uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país.
Así mismo, afirmaron que Colombia es un Estado social de derecho que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado los encargados de administrar justicia.
