En los últimos días se han conocido imágenes que muestran a miembros de grupos armados ilegales en zonas rurales de Nariño y Cauca ingresando a instituciones educativas para distribuir propaganda y entregar útiles escolares, así como utilizando y ocupando estos espacios.
Sus efectos trascienden la suspensión de clases. La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas, afectando el ejercicio efectivo del derecho a la educación y a un buen futuro.
Además, esta exposición incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, profundizando su vulnerabilidad y debilitando las garantías para su desarrollo integral.
Los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución.
En este sentido, deben abstenerse de ocupar o afectar bienes de carácter civil, como lo son los establecimientos educativos y evitar cualquier acción que genere riesgos previsibles para la población civil, especialmente niñas, niños y adolescentes.
De manera específica, la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU y sus directrices establecen que las partes en conflicto deben evitar el uso, ocupación y destrucción de los establecimientos educativos.
Resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades, y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo. 1
