La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el asesinato de un activista del partido Centro Democrático que apoyaba la campaña del candidato a la Cámara de Representantes, Manuel Pérez, quien fue ultimado por guerrilleros en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.
La entidad manifestó su profunda preocupación por los recientes hechos de violencia contra campañas al Congreso que se han presentado en distintas regiones del país, a tan solo tres días de la jornada electoral.
De acuerdo con la Defensoría, en las últimas 24 horas se han registrado al menos cuatro hechos de violencia relacionados con el proceso electoral.
El caso más grave ocurrió en Arauca, donde fue asesinada una persona vinculada a la campaña de Manuel Pérez en Puerto Rondón.
En otro hecho, en el departamento de Sucre, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, aspirante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.
Asimismo, en el departamento del Atlántico fue atacado con arma de fuego el vehículo de la aspirante a la Cámara María Bolívar, del partido Alianza Social Independiente.
A estos hechos se suma lo ocurrido en el municipio de Piedecuesta, donde fue incinerado el vehículo utilizado para actividades de campaña por Mauricio Matri.
Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos reflejan una preocupante situación de violencia contra actores del proceso democrático. En un periodo de apenas 24 horas se registró un homicidio vinculado a una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un atentado contra bienes utilizados en actividades electorales.
La entidad recordó que ha advertido de manera reiterada, a través de la Alerta Temprana Electoral y su seguimiento, sobre los riesgos que enfrentan líderes políticos, candidatos, equipos de campaña y ciudadanía en distintas regiones del país. Particularmente en zonas PDET vinculadas a las curules de paz, lo que, según señaló, representa un incumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
Para la Defensoría, lo ocurrido en las últimas horas evidencia que el riesgo advertido pasó de ser una alerta a materializarse en hechos concretos de violencia.
“La violencia contra quienes participan en la contienda electoral afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia”, señaló la institución.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades durante los días previos a las elecciones.
Asimismo, reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en estas elecciones.
La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando la situación electoral en todo el país y activando los mecanismos institucionales necesarios para prevenir la violencia política y proteger el ejercicio de la democracia.
