Una representación creada para dignificar a las víctimas podría terminar convertida en símbolo de vacío institucional.
En la geografía política del conflicto armado colombiano existen territorios donde la democracia no opera bajo la Constitución, sino bajo permisos tácitos.
Zonas donde el Estado no llega, donde la política se ejerce entre silencios impuestos, advertencias veladas.
En esos mapas del miedo bien conocidos por líderes sociales y candidatos hay regiones marcadas como prohibidas. Zonas rurales de Arauca no son la excepción.
Históricamente ha estado marcada por un dominio de las guerrillas, estas zonas han sido escenario recurrente de confinamientos, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y control social armado. Allí, hacer política sin autorización suele equivaler a una sentencia de muerte.
No se trata de una percepción: basta revisar las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para constatar que es una realidad documentada y persistente.
En este contexto, el comportamiento de los actores políticos suele ser predecible. Algunos suspenden reuniones, otros refuerzan esquemas de seguridad y muchos optan, sencillamente, por no entrar. La autopreservación se impone como regla básica de supervivencia. Sin embargo, hay una excepción que rompe ese patrón.
La representante Karen Manrique transita las zonas rurales con naturalidad. Sin denuncias públicas de amenazas, sin episodios de hostigamiento conocidos, sin restricciones visibles.
De acuerdo con testimonios locales, su presencia no genera tensión sino cercanía: reuniones comunitarias, comidas colectivas, acompañamientos informales. Un trato que contrasta de manera radical con la experiencia de otros líderes que han sido obligados a salir del territorio o a abandonar cualquier aspiración política para no convertirse en objetivo militar.
En regiones donde el fusil regula la vida pública, las excepciones no son anecdóticas.
El silencio armado que rodea su figura resulta aún más inquietante si se considera la coexistencia de otros actores ilegales.
En Arauca, las disidencias de las FARC mantienen una presencia activa y capacidad de control territorial.
Versiones recogidas en la región indican que estos grupos habrían asumido una postura de cooperación o, al menos, de no injerencia frente a la campaña de Manrique. En un escenario donde la neutralidad armada es excepcional, ese dato no puede pasar inadvertido.
A este cuadro se suma un elemento de enorme gravedad institucional. La representante Karen Manrique es investigada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los episodios más delicados de presunta corrupción del actual gobierno en el país. Se trata de una investigación en curso y, como corresponde en un Estado de derecho, le asiste plenamente la presunción de inocencia.
Pero la política no se agota en el terreno judicial.
Si eventualmente se produjera una condena por delitos contra la administración pública, Arauca podría enfrentarse a la figura de la silla vacía: la imposibilidad legal de reemplazar la curul.
Y aquí el impacto sería mayúsculo, porque no se trata de cualquier escaño, sino de una curul de paz, concebida como un mecanismo de reparación democrática para territorios históricamente devastados por la guerra.
En territorios donde la política se ejerce bajo la sombra de los actores armados y donde las investigaciones por corrupción avanzan en paralelo, la exigencia ciudadana no puede ser complaciente.
Cuando unos candidatos no pueden entrar y otros sí, cuando unos reciben amenazas y otros caminan sin sobresaltos, cuando además pesa una investigación por el manejo de recursos públicos, el debate político no puede ser meramente coyuntural.
En las democracias sanas no solo importa quién gana las elecciones, sino cómo se ganan, dónde se ganan y bajo qué condiciones. Y en los territorios del miedo, el silencio nunca es neutro: siempre dice algo.
FFUENTE Canal CNC Arauca
