Luego de un reciente monitoreo de la Defensoría del Pueblo, el cual revela la doble afectación y vulneración de la población migrante venezolana en los pasos fronterizos que hay en la ciudad de Arauca y en los municipios de Arauquita y Saravena (Arauca), así como en el municipio de Cubará (Boyacá), la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con representantes de instituciones territoriales y de la fuerza pública. El propósito especial, articular una respuesta interinstitucional de seguimiento.
Además, en el encuentro, realizado en la ciudad de Arauca, presentó el contexto y análisis del impacto humanitario, social y de derechos humanos, con el fin, además, de orientar acciones conjuntas de atención y respuesta.
El monitoreo evidenció que continúa la dinámica de personas que cruzan diariamente para actividades comerciales o laborales y regresan, debido a situaciones relacionadas con el acceso a la educación, abastecimiento en productos alimenticios, de aseo, entre otros. Los perfiles son diversos, pues hay mujeres con niñas y niños, trabajadoras(es) temporales y retornadas(os) que enfrentan múltiples vulnerabilidades.
Se constató que esta situación de vulnerabilidad de los migrantes se ve reforzada por el desplazamiento forzado (2.887 casos de desplazamientos individuales y 45 familias solo en 2025), el confinamiento (una de las afectaciones más graves: en 2025 afectó a 1.207 familias en el departamento), movimientos migratorios mixtos (se estima la presencia de 75.336 personas migrantes y refugiadas venezolanas, de las cuales 5.990 ingresaron en 2025) y el impacto de la ola invernal (que habría afectado a más de 23.000 personas el año pasado).
La situación en Venezuela y la magnitud de las cifras, sumada al conflicto armado interno y a los efectos del cambio climático, ha configurado en Arauca y Cubará una crisis humanitaria prolongada, multidimensional y estructural, con impactos simultáneos en desplazamiento, confinamiento, movilidad humana, servicios sociales y ejercicio efectivo de derechos humanos.
Aunque no se ha generado un plan de contingencia y se evidencian algunos avances puntuales en acceso a salud y educación para población desplazada y migrante regular, no ocurre así para la población migrante irregular, por lo que la Defensoría reitera el llamado urgente a que sean garantizados los derechos fundamentales de esta población, particularmente ante el aumento de la vulnerabilidad en zonas como el Puente Internacional José Antonio Páez, que conecta a Arauca (Colombia) con El Amparo (Venezuela).
El llamado fue hecho a la Gobernación de Arauca, alcaldías de Arauca, Arauquita y Saravena, Fuerzas Militares, Procuraduría Regional de Arauca y Migración Colombia, a fin de que haya una respuesta interinstitucional coordinada, con enfoque diferencial, territorial y de derechos, que priorice protección, soluciones duraderas, regularización migratoria y fortalecimiento de capacidades locales.
