La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por 53.117 millones de pesos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025. Además, alertó sobre el inicio inoportuno del programa para 2026, lo que afectaría a cerca de 800.000 estudiantes en doce entidades territoriales.
Las auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General destinados al PAE en 2024 arrojaron 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 24.254 millones de pesos.
Las principales causas fueron sobrecostos, que representan el 75% del monto (18.106 millones), y pagos sin soporte de ejecución, con 2.790 millones.
La región Centro Oriente presentó la situación más crítica, con nueve hallazgos por valor de 12.363 millones. En Soacha (Cundinamarca) se identificó el hallazgo de mayor incidencia individual: 3.550 millones por inclusión de valores en la estructura de costos que superaron lo realmente ejecutado.
En Boyacá, se detectó un posible detrimento de 2.010 millones por diferencias entre las raciones suministradas y los pagos a manipuladoras de alimentos.
Por otro lado, la revisión de recursos del Sistema General de Regalías para financiar el PAE en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, entre 2021 y 2024, identificó cinco hallazgos por 28.863 millones. La mayor cuantía se registró en Nariño, con 23.549 millones, por incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y deficiencias en la planeación de menús.
En Arauca, el hallazgo fue de 3.111 millones por pagos sin soportes contables, financieros o técnicos suficientes.
La Contraloría también emitió una alerta por el inicio del PAE en 2026. Según la información reportada por las entidades territoriales, el servicio de alimentación no coincidió con el comienzo del calendario escolar en doce ETC, afectando a estudiantes en Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
El ente de control lamentó las reiteradas situaciones fiscales detectadas, que comprometen recursos públicos destinados a niños y adolescentes. Hizo un llamado urgente a las entidades territoriales y al gobierno nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio, fundamental para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
