En las últimas horas, se conoció que el Consejo de Estado admitió formalmente la demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas vinculados presuntamente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con lo informado, este proceso busca determinar si los legisladores incurrieron en tráfico de influencias y conflicto de intereses al supuestamente canjear cupos indicativos y contratos por votos favorables a las reformas del Gobierno en el Congreso.
El despacho del magistrado ponente Juan Enrique Bedoya Escobar resolvió “admitir la solicitud de pérdida de investidura presentada por Pablo Antonio Bustos Sánchez”, director de la Red de Veedurías Ciudadanas.
El auto vinculó al proceso a los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, así como a los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
La acción administrativa se fundamentó en los testimonios de los ex directivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron ante las autoridades que los congresistas recibieron beneficios contractuales para favorecer el trámite legislativo. El recurso argumentó que los parlamentarios incurrieron en violación del régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias.
Este proceso en el Consejo de Estado corre paralelo a la investigación penal que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra cinco de los mencionados, quienes integran la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). El alto tribunal vinculó por el delito de cohecho impropio a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique.
La investigación penal estableció indicios sobre un patrón de votaciones a finales de 2023. En ese periodo, la Comisión emitió 13 conceptos de crédito gestionados por el Ministerio de Hacienda, presuntamente a cambio de direccionar recursos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los congresistas rechazaron los señalamientos desde el inicio de las indagaciones. El senador Gallo calificó las acusaciones como una estrategia de amedrentamiento contra la oposición y aseguró: “Jamás, no los conozco, nunca los he visto, ni reuniones privadas, ni he pisado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.
Por su parte, la senadora conservadora Bitar negó cualquier gestión ante la entidad, mientras que el representante Manzur sostuvo que no conoció a Olmedo López. Julián Peinado afirmó ser “transparente en cada una de mis actuaciones”, y Karen Manrique desestimó las acusaciones que la vinculaban con una supuesta financiación al ELN en Arauca.
El Consejo de Estado concluyó que en la demanda presentada por Bustos Sánchez “se encuentran reunidos los requisitos exigidos” y que se subsanaron las falencias advertidas inicialmente, por lo que dispuso el inicio formal del litigio que podría derivar en la muerte política de los congresistas.
